23 de septiembre de 2025 | Interior
En la página oficial del Registro Único de Proveedores de Santiago del Estero (RUPSE), un mensaje tan breve como inquietante refleja la lógica feudal con la que el gobernador Gerardo Zamora administra los recursos públicos: “Momentáneamente se encuentran suspendidos las registros de nuevos proveedores”.
La decisión no es un detalle menor. En una provincia marcada por años de denuncias de corrupción, licitaciones amañadas y favoritismo hacia empresas allegadas al poder, el hecho de clausurar la posibilidad de que nuevos oferentes se inscriban implica, en los hechos, consolidar el monopolio de un puñado de firmas amigas del zamorismo.
Como viene denunciando REALPOLITIK, el sistema de contrataciones públicas en Santiago del Estero parece escrito a medida de una empresa: Stilnovo Equipamiento, de Domingo Serrano. La firma se lleva desde hace más de quince años todas las licitaciones millonarias de mobiliario escolar, hospitalario y social, a precios hasta cuatro veces superiores a los de otras provincias.
El mecanismo se repite una y otra vez:
- Pliegos de licitación a valores exorbitantes.
- Plazos exprés imposibles de cumplir.
- Entregas en tiempo récord.
- Competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos.
Y ahora, el RUPSE cerrado, lo que deja afuera de manera definitiva a cualquier oferente externo.
Empresarios que intentaron inscribirse llegaron incluso a labrar actas notariales para dejar constancia de que el registro se encontraba cerrado. La excusa oficial: el cupo estaba “completo”. El propio portal web del gobierno provincial confirma lo que se venía denunciando en silencio: la inscripción está suspendida de manera indefinida.
La jugada parece destinada a custodiar el negocio de los allegados al poder, garantizando que los multimillonarios contratos públicos sigan teniendo un único destino.
Nada de esto sería posible sin la complicidad de un aparato político, judicial y mediático absolutamente disciplinado. Ningún organismo de control objetó jamás los sobreprecios o la ausencia de competencia real. Los decretos de adjudicación llevan siempre la firma del propio Gerardo Zamora y de sus ministros más cercanos.
Mientras tanto, los santiagueños siguen pagando de sus bolsillos armarios de casi un millón de pesos, camas y sillas con sobreprecios escandalosos, y un estado provincial que se transformó en cliente cautivo de un único proveedor.
El cierre del RUPSE deja a la vista, sin filtros ni excusas, la verdadera matriz del zamorismo: un monopolio disfrazado de legalidad, sostenido por un sistema de exclusión calculada y una impunidad blindada desde la Casa de Gobierno. (www.REALPOLITIK.com.ar)