30 de septiembre de 2025 | Provincia

Ministerio de Seguridad

Agente deberá pagar 26,9 millones por chocar un vehículo oficial durante la gestión de Cristian Ritondo

El Tribunal de Cuentas bonaerense ordenó a un agente policial pagar casi 27 millones de pesos por un choque ocurrido en 2017 durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, mientras en paralelo condona millonarias multas a intendentes, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió que el oficial de policía Álvaro Julián Espinoza deberá afrontar un cargo pecuniario de 26.997.745,97 pesos tras un accidente ocurrido en 2017, cuando conducía una camioneta oficial Toyota Hilux afectada al Comando de Patrullas de Moreno durante la gestión de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.

Según consta en el fallo, el agente perdió el control del vehículo al atravesar un lomo de burro en la intersección de las calles Allende y Perito Moreno, impactando contra un árbol. El rodado quedó destruido, fue dado de baja en 2019 y terminó en un lote de compactación. El Tribunal entendió que Espinoza no ejerció “el debido control sobre el bien a su cargo” y lo declaró patrimonialmente responsable en forma personal y directa del perjuicio fiscal.

La paradoja es que el daño inicial había sido tasado en 670 mil pesos, pero al actualizar el valor de reposición a 2023 el monto trepó a casi 27 millones. Surge aquí la pregunta: ¿El peso de la sanción tiene que ver con que el hecho ocurrió durante la administración de Vidal, en la que el organismo de control parece menos dispuesto a flexibilizar sus criterios?

El contraste resulta inevitable. Hace apenas días, el mismo Tribunal dejó sin efecto una multa de 17 millones de pesos contra Juan Patricio Mussi, exintendente de la municipalidad de Berazategui, pese a que los técnicos habían detectado graves irregularidades en la rendición de cuentas. Bastó la presentación tardía de papeles de dudosa legitimidad para limpiar la sanción.

La comparación es brutal: un trabajador deberá responder de su bolsillo con una cifra astronómica por un choque ocurrido en funciones, mientras dirigentes políticos con poder territorial reciben indulgencias cuando se trata de fondos públicos mal justificados.

Queda flotando la duda sobre qué variables pesan realmente a la hora de decidir estas sanciones y si el Tribunal de Cuentas actúa con la misma vara para todos o existe una marcada intencionalidad partidaria que lo lleva a condonar las irregularidades de unos y castigar sin piedad a otros. (www.REALPOLITIK.com.ar)