Río Negro: Conflicto por tierras fiscales afecta a más de 300 familias y exige acción del Gobierno

En Mallín Ahogado, localidad de El Bolsón afectada por los incendios forestales del último verano, más de 300 familias que ocupan tierras fiscales volvieron a poner en agenda la problemática de la titularidad de sus predios. El conflicto resurgió tras la intimación a una familia para abandonar su terreno, lo que motivó un pedido para tratar un proyecto de “emergencia territorial” que aún permanece estancado en la Legislatura de Río Negro.

El legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) solicitó una reunión urgente entre el gobernador Alberto Weretilneck y los pobladores, poniendo como ejemplo el caso de la familia Sepúlveda, intimada a desalojar su predio.

“La respuesta del Gobierno Provincial no puede ser el desalojo de viejos pobladores; debemos encontrar otra solución dentro de la legislación vigente sobre Tierras Fiscales”, afirmó García. Además, subrayó que “el primer incumplidor de la ley es el Estado, que desde hace más de 70 años debería haber reconocido los derechos de quienes habitan y trabajan estas tierras”.

Tras los incendios de febrero, muchas familias no contaban con títulos de propiedad, a pesar de haber recibido tierras fiscales décadas atrás. El Estado entregó certificados de ocupación a 70 familias para facilitar la conexión de servicios, pero estos documentos no garantizan la titularidad definitiva.

El abogado Lawrie recordó que la venta de tierras fiscales sin título está prohibida y que gestiones anteriores permitieron prácticas irregulares que derivaron en procesamientos de exfuncionarios. Desde fines de 2023, la reforma a la Ley de Tierras busca agilizar la regularización, exigiendo que las familias ocupen el predio, desarrollen actividades productivas (incluido turismo o minería), cuenten con mensura y no tengan conflictos con terceros.

García impulsa un proyecto de “emergencia territorial” presentado en febrero, con el objetivo de acelerar la regularización de tierras en Mallín Ahogado y frenar nuevas entregas de predios fiscales. Aunque Lawrie conoce un borrador del proyecto, no fue convocado a discutirlo y considera que varios de sus puntos ya están contemplados en la ley vigente.

El proceso de regularización contempla la entrega de un certificado de adjudicación en venta y, posteriormente, el título de propiedad, que puede abonarse al contado o mediante hipoteca. García también solicitó un informe sobre los certificados otorgados tras los incendios, los criterios utilizados y la cantidad de predios fiscales aún sin regularizar en El Bolsón, incluyendo Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero y Los Repollos. (www.REALPOLITIK.com.ar)