Axel Kicillof y el regreso al trueque: La provincia que cobra pero no paga

Al parecer, la creciente crisis financiera del gobierno de Axel Kicillof ya no se mide en números, sino en prácticas. En los pasillos de los ministerios bonaerenses -desde Salud hasta Educación, pasando por Infraestructura y Comunicación Pública- la desesperación de los proveedores convive con un floreciente mercado paralelo: el de los “gestores” que cobran peaje por hacer funcionar lo que debería funcionar solo.

El mecanismo es tan viejo como aceitado. Las empresas ganan una licitación, inician una obra o entregan un servicio, pero cuando llega el momento de cobrar, todo se traba. Expedientes que “se pierden”, firmas que “faltan”, funcionarios que “no están”. El expediente duerme el sueño de los justos… hasta que aparece un intermediario con la solución mágica.

“Por el 10 o el 15 por ciento te hacen cobrar todo o aumentar el presupuesto para que la espera valga la pena”, aseguran varios empresarios que hoy denuncian esta práctica extendida. Los mismos operadores que prometen “redeterminar” precios o “agilizar” trámites, son en realidad los custodios de un sistema donde nada se mueve si no es a cambio de una comisión.

Un nutrido grupo de proveedores confirmó la anomalía a este medio. Reuniones en cafeterías céntricas, frases en código y un engranaje administrativo que pareciera bailar al ritmo de los operadores. “Cada uno tiene su área”, explica un proveedor al que le exigieron un pago para dar curso a su expediente, paralizado en el ministerio de Salud desde el mes de julio. “El que apura los pagos no es el mismo que el que te redetermina el presupuesto, y no suelen pisarse entre ellos. Se conocen todos”, agregó.

El estado que no paga, pero sí cobra

La provincia más grande del país acumula atrasos que, en algunos casos, superan los siete meses en los pagos a sus proveedores. Algunos ministerios directamente reconocen que no saben cuándo podrán ponerse al día. En Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, los proveedores ya bautizaron el circuito burocrático con ironía: “Cobrarán cuando Dios lo disponga”.

En paralelo, los ministerios continúan adjudicando millonarias licitaciones con la naturalidad de quien no debe un peso. La dirección General de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, protagonizó un escándalo por una licitación de más de 4.000 millones de pesos en muebles escolares, denunciada por direccionamiento y sobreprecios. El pliego parecía hecho a medida de una empresa con vínculos previos con la gestión.

No se trata de un hecho aislado. En el ministerio de Comunicación Pública, que encabeza Jésica Rey, se aprobó un contrato por 1.491 millones a La Corte SA, una empresa vinculada al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Viejos conocidos de la política kirchnerista que ahora vuelven a la escena de la mano del gobernador bonaerense.

La operación, avalada por dos subsecretarías del área y financiada con fondos provinciales, despertó cuestionamientos y reavivó las sospechas sobre el uso discrecional de los recursos públicos.

Bonos, amenazas y licitaciones truchas

Sin crédito nuevo ni presupuesto aprobado -Kicillof fracasó dos veces en obtener la sanción de la Legislatura y todavía maneja los números de 2023-, la provincia opera como una economía de trueque. Los proveedores, ante la falta de pago, comenzaron a recibir la promesa de una compensación en bonos a dos años, con tasa BADLAR. Una maniobra que los empresarios definen como “la licuadora financiera del gobierno”.

El problema es que muchos no pueden ni quieren aceptar esa alternativa: implica cobrar hasta un 40 por ciento menos del valor real de sus facturas. Pero si no aceptan, las obras quedan paralizadas, y los funcionarios amenazan con sanciones por incumplimiento o directamente rescisión del contrato.

Así, las empresas terminan atrapadas entre la quiebra y la extorsión. “O aceptás el bono o perdés la obra”, resumió crudamente un contratista de la cartera de Infraestructura.

El costo de la impunidad

El resultado es devastador. Más de un centenar de pymes bonaerenses al borde del cierre, cientos de trabajadores suspendidos y obras paralizadas por miles de millones. Mientras tanto, los amigos del poder siguen cobrando sin demora.

Las denuncias empresariales, lejos de encontrar eco, se topan con una maraña de regulaciones que encarece y desalienta cualquier intento de impugnar una licitación. Presentar una queja formal implica pagar garantías millonarias, lo que en la práctica garantiza la impunidad.

Con la Legislatura bloqueando nuevos endeudamientos, el presupuesto prorrogado y con la recaudación en caída, Axel Kicillof gobierna una provincia sin brújula financiera. Pero el verdadero problema no es la falta de dinero, sino el modo en que se lo gasta -o se lo desvía-.

Mientras el gobernador acusa al ajuste nacional de “ahogar” a Buenos Aires, sus propios ministerios funcionan como un archipiélago de poder autónomo, donde cada funcionario recauda su parte. Un estado que no paga pero que, más allá de la moralina, nunca deja de cobrar. (www.REALPOLITIK.com.ar)