IOMA: Ignoran nuevo protocolo y protegen a director acusado de abuso sexual

El 11 de julio de 2025, el gobierno de Axel Kicillof aprobó formalmente el Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales en el Sector Público Provincial (IF-2025-24419886-GDEBA-SSGYEPSGG), una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad y la Secretaría General.

El texto, firmado por las subsecretarias Laurana Malacalza, Paula Ferraris y Alberto Rodríguez Reveles, establece la obligación del estado provincial de actuar de manera inmediata y efectiva ante situaciones de violencia o acoso laboral, y dispone que el denunciado debe ser separado de su cargo para garantizar el bienestar de la víctima. Sin embargo, apenas tres meses después, ese mismo protocolo es desoído por uno de los organismos más grandes de la administración pública bonaerense: Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

Tres empleadas —Viviana Isabel Moyano (Dolores), Araceli Ramírez (Tordillo) y Joana Ramírez (General Lavalle)— acusan al director regional Víctor Manuel Casanovas de acoso, hostigamiento y abuso sexual.

La causa penal, caratulada “Casanovas, Víctor Manuel s/Abuso sexual” (IPP PP-03-00-004348-25/00), tramita en el juzgado de Garantías Nro. 1 de Dolores. El 7 de octubre, la justicia dictó una prohibición de acercamiento contra Casanovas, ordenándole abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación o contacto con la denunciante.

Pese a la medida judicial, IOMA no separó al funcionario del cargo. Por el contrario, la dirección de Personal —a cargo de Daniel Rivarola— y el director provincial de Regiones, Federico Lombardo, dispusieron el traslado de las denunciantes y bloquearon sus accesos institucionales, según consta en los mensajes internos que las trabajadoras enviaron al portal REALPOLITIK.

“Nos están haciendo la vida imposible. En vez de apartar al director denunciado, nos quieren mover a nosotras. Es violencia institucional”, denunció Viviana Moyano, quien se encuentra bajo tratamiento psicológico por crisis de ansiedad y ataques de pánico derivados de la situación. Su psicóloga, la licenciada Natalia Cociña, advirtió que el regreso de la paciente a su lugar de trabajo sin garantizar condiciones seguras podría “perjudicar severamente su salud psicoemocional”.

El abogado de Moyano, Mauricio Caporaletti, presentó ante la Justicia un pedido formal para que el IOMA sea notificado de la restricción de acercamiento y obligado a cumplirla, recordando que el propio Protocolo Marco —recién aprobado por el gobierno provincial— impone al empleador el deber de impedir el contacto entre víctima y victimario.

Mientras tanto, el presidente del instituto, Homero Giles, permanece en silencio. Según las denunciantes, la conducción política de IOMA protege a Casanovas por su vínculo con La Cámpora, y el caso refleja una grave contradicción institucional: el estado que proclama la “tolerancia cero” a la violencia laboral, incumple su propia normativa y revictimiza a las trabajadoras que denuncian.

El Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales en el Sector Público Provincial, aprobado el 11 de julio de 2025, establece que toda persona denunciada por acoso o violencia debe ser separada de su cargo y que la víctima no puede sufrir perjuicios ni traslados. Su primera gran prueba de aplicación llegó en IOMA —y el organismo, hasta ahora, la desaprobó rotundamente. (www.REALPOLITIK.com.ar)