Tigre: Sanción al intendente Julio Zamora por adjudicar las fotomultas a Cecaitra sin licitación

El Tribunal de Cuentas bonaerense impuso una de las sanciones más duras de los últimos años contra el intendente de Tigre, Julio Zamora, al responsabilizarlo por adjudicar de forma directa el sistema de fotomultas a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), una asociación civil que no posee capacidad jurídica ni habilitación fiscal para prestar ese servicio.

Según el fallo, Cecaitra —inscripta como asociación civil sin fines de lucro— no paga IVA, Ganancias ni Ingresos Brutos, pero montó un negocio millonario con las fotomultas en varios municipios bonaerenses, sin licitaciones y con contratos directos, violando las normas de contratación pública.

Zamora deberá responder con su patrimonio personal

En un fallo de “dureza inédita”, el Tribunal responsabilizó directamente al intendente Julio Zamora, a la contadora municipal Roxana Di Cola y al secretario de Economía y Hacienda Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio personal por los perjuicios económicos detectados.

El organismo concluyó que Cecaitra se presentaba como una cámara empresarial, pero en los hechos actuaba como una empresa concesionaria de fotomultas, proveyendo equipos, procesando infracciones, administrando la base de datos y participando del cobro de multas.

“El objeto social de Cecaitra es representar a las empresas del sector y promover buenas prácticas en seguridad vial. Sin embargo, se convirtió en la beneficiaria directa del negocio de las fotomultas”, señala el fallo.

Una estructura bajo sospecha

La entidad, dirigida por Bernardino García y su hijo Mariano García, amplió su presencia durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia, firmando convenios en municipios como Dolores, Lobos, Carmen de Areco y Tigre. En casi todos esos distritos, los contratos fueron suspendidos o están en revisión por observaciones del Tribunal y causas judiciales abiertas.

El sistema de Cecaitra funcionaba mediante convenios donde la cámara instalaba radares, procesaba imágenes y administraba la recaudación, a cambio de un porcentaje de lo cobrado. No obstante, informes técnicos sostienen que su tecnología es obsoleta y que no puede procesar la totalidad de infracciones que declara.

Además, la Justicia investiga un circuito de coimas vinculado al borrado de infracciones, en el que habrían participado jueces de faltas y funcionarios municipales, como ya se vio en el caso de Hurlingham.

El caso D’Onofrio y la red de contratos irregulares

El escándalo también involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien fue allanado por la Justicia junto a la sede de Cecaitra y el domicilio particular de Bernardino García.

Las investigaciones, a cargo de los fiscales Álvaro Garganta y Adrián González Charvay, buscan determinar si existió una red de sobornos y retornos a cambio de contratos con municipios.

Adjudicación directa y licitación fallida

En el caso de Tigre, el Tribunal de Cuentas cuestionó que Zamora otorgara sin licitación un servicio estratégico como el control de tránsito, escudándose en supuestas “urgencias operativas”.
Pese a la sanción, el intendente suspendió el contrato con Cecaitra, pero la empresa volvió a presentarse en la nueva licitación, a pesar de haber sido inhabilitada por falta de capacidad jurídica para operar como concesionaria.

El fallo marca un precedente contundente contra una red de contrataciones opacas que durante años operó en municipios bonaerenses con beneficios millonarios y escaso control institucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)