Impugnan el proceso de selección del defensor del Pueblo de la Nación por falta de transparencia

El proceso de designación del nuevo defensor del Pueblo de la Nación quedó bajo la lupa tras una impugnación presentada por el ciudadano Jorge Zatloukal, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). Según denuncia, el concurso careció de transparencia, difusión y garantías constitucionales mínimas, lo que —a su juicio— configura un “escándalo institucional”.

La comisión bicameral permanente de la defensoría del Pueblo de la Nación, presidida por el senador Daniel Kroneberger y con la diputada Margarita Stolbizer como secretaria, dispuso en septiembre la reapertura del proceso para designar a un nuevo titular del organismo, acéfalo desde la renuncia de Eduardo Mondino en 2009. Sin embargo, apenas iniciado el procedimiento, fue impugnado por presunta inconstitucionalidad y falta de publicidad.

“Una simulación de concurso hecho a medida”

En su presentación formal ante la Comisión, Zatloukal cuestionó que la convocatoria se haya difundido únicamente mediante un edicto publicado en la cuarta sección del Boletín Oficial, sin publicidad en medios masivos ni en las páginas oficiales del Congreso de la Nación Argentina.

“Estamos frente a la simulación de un concurso hecho a medida, que no tuvo difusión alguna salvo un ignoto edicto en el Boletín Oficial. Así, solo se inscribieron quienes contaban con información privilegiada”, afirmó.

El denunciante sostuvo además que el reglamento del concurso, denominado “lineamientos generales”, no fue publicado oficialmente ni aprobado mediante una resolución válida, lo que vuelve nulo el proceso. “Ni la resolución Nro. 1 de la comisión ni el edicto figuran en el Boletín Oficial. Jurídicamente, no existen”, señaló en su escrito.

Falta de audiencia pública y rigor formal excesivo

Otro de los ejes de la impugnación es la ausencia de audiencia pública, requisito esencial —según el denunciante— para garantizar el principio constitucional de participación y transparencia.

“La audiencia pública es la única herramienta que permite escuchar a todas las voces y asegurar el derecho de defensa de los ciudadanos. Su omisión convierte este procedimiento en una vía de hecho administrativa contraria a la constitución nacional”, explicó Zatloukal.

El impugnante también denunció haber sido excluido arbitrariamente del proceso pese a haber presentado la documentación requerida en tiempo y forma, y sin que mediara notificación alguna ni posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

Eduardo Mondino, el último defensor del Pueblo.

“Un botín político disfrazado de institucionalidad”

Zatloukal advirtió sobre el riesgo de que el cargo del defensor del Pueblo sea utilizado como “botín político”, en lugar de cumplir su función constitucional de promover y proteger los derechos humanos y controlar los abusos de la administración.

“Estamos frente a un escándalo de gravedad institucional. La figura del defensor del Pueblo no debe ser arrebatada como una caja de la política. El proceso debe ser anulado y convocado nuevamente con pautas claras y difusión real que permita la participación de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Finalmente, el denunciante apuntó al descrédito creciente del Congreso: “La política está cada vez más lejos de los problemas de la gente. Hoy el parlamento se ve envuelto en escándalos como el ‘dipu teta’, el narcogate y la farandulización, mientras sigue ausente de toda defensa del interés público”.

Contexto institucional

La defensoría del Pueblo de la Nación fue creada con la reforma constitucional de 1994, como órgano independiente del Congreso, con la misión de proteger los derechos y garantías constitucionales, supervisar la administración pública y representar a los ciudadanos ante posibles abusos del estado.

Pese a su relevancia, la institución lleva dieciséis años acéfala, sin un titular designado, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional. (www.REALPOLITIK.com.ar)