La PSA protegió a un jefe denunciado por abuso y castigó a la víctima pasándola a retiro

El juzgado Federal Nro. 1 de Paraná, a cargo de la causa Nro. 1437/2025, resolvió imponer medidas restrictivas por sesenta días al subinspector Víctor Hernán Arrieta, acusado de haber ejercido abuso de autoridad, amenazas y violencia institucional agravada por razones de género contra la oficial mayor Silvina Andrea Dechanzi, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La resolución judicial ordena la prohibición de acercamiento a la víctima “a un radio inferior de 200 metros” de su vivienda, así como a “cualquier lugar público o privado en el que se encuentre Silvina Andrea Dechanzi”, y prohíbe además “realizar actos violentos, molestos o perturbadores, por sí o por interpósita persona, y por cualquier medio”. El tribunal también fijó audiencia de indagatoria para el 23 de octubre de 2025, bajo apercibimiento de ordenar su detención si no comparece.

La PSA protegió al agresor y castigó a la denunciante

Mientras la Justicia avanza con medidas restrictivas contra el denunciado, la PSA dio un paso en sentido contrario: dispuso el pase a retiro de la oficial Silvina Dechanzi, la primera integrante de la fuerza que se animó a denunciar penalmente a un superior por violencia institucional de género.

El pase a retiro, confirmado en las últimas horas por REALPOLITIK, se interpreta como una represalia institucional y una señal inequívoca de que la cúpula de la PSA optó por proteger al acusado y eliminar a la denunciante del sistema.

Fuentes internas señalaron que el expediente administrativo fue resuelto con una celeridad inusual, mientras que el sumario interno sobre las conductas de Arrieta permanece paralizado. “Le negaron toda contención, no la escucharon y encima la retiraron”, aseguró un allegado a la víctima.

Hernán Arrieta.

Un encubrimiento sostenido

Desde el mismo día de los hechos denunciados, la PSA no brindó respuesta institucional alguna a la oficial afectada, quien fue excluida de sus funciones, privada de su ascenso y despojada de sus derechos laborales. Mientras tanto, el subinspector denunciado continuó en funciones y fue ascendido, manteniendo control sobre el personal bajo su mando.

La víctima relató ante la Justicia que la fuerza incumplió sus propios reglamentos, al no apartar preventivamente al agresor ni retirarle la portación de arma. El resultado fue un clima de hostigamiento permanente que derivó, finalmente, en su exclusión total de la institución.

Una institución que castiga a quien denuncia

La oficial Dechanzi fue pasada a retiro mientras el denunciado Arrieta sigue en libertad y con audiencia de indagatoria recién prevista para fines de octubre. El contraste entre la impunidad del agresor y la sanción a la víctima deja al descubierto un patrón institucional de violencia de género encubierta y disciplinamiento interno dentro de la PSA.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Alfredo Hernán Gallardo, titular de la PSA, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes no adoptaron ninguna medida preventiva ni de protección hacia la denunciante.

La decisión de pasar a retiro a Dechanzi, en lugar de al acusado, desnuda el doble estándar con que el gobierno habla de “tolerancia cero” a la violencia de género mientras sus propias fuerzas federales castigan a las mujeres que denuncian. (www.REALPOLITIK.com.ar)