20 de octubre de 2025 | Gremiales

Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad

Gremio K le negó más de veinte veces la afiliación a un trabajador que busca competir por la conducción

La Asociación del Personal de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires continúa en la mira de la Justicia. Tras varios años de escándalos y cuestionamientos por corrupción, ahora rechazan las afiliaciones de quienes no coincidan con la postura K.

La historia de Rubén Américo Rodríguez es la de un trabajador que lleva más de dos años intentando algo tan elemental como afiliarse a su sindicato. Desde julio de 2023, ha presentado más de veinte fichas de afiliación a la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV), sin obtener respuesta. “Voy todos los meses, lleno y presento la ficha de afiliación, la toman, pero nadie hace nada”, relató con frustración.

La negativa no parece casual. Rodríguez sostiene que la conducción del gremio -alineada políticamente con el kirchnerismo- bloquea las afiliaciones de aquellos trabajadores que no comparten su línea interna. En su caso, asegura que la discriminación es puramente ideológica: “No dan explicaciones. En un momento, había muchos compañeros en la misma posición, pero la mayoría desistió”.


Afiliaciones denegadas sistemáticamente.

Promesas incumplidas y silencio institucional

En una de sus tantas gestiones, el propio secretario General Adjunto, Marcio Abad, le aseguró que sería incorporado “en las próximas semanas”. Sin embargo, nada ocurrió. En mayo de 2024, el sindicato le envió una escueta nota en la que reconocía que, “atento a la coyuntura interna, su solicitud ha quedado suspendida en su tratamiento por parte de la comisión directiva”.

Antes, Rodríguez había recurrido a todas las instancias posibles: envió una carta documento a Alberto Milazzotto, entonces secretario General, intimándolo a emitir la constancia de afiliación en veinticuatro horas y a informar los motivos de la demora. En marzo de 2024, le escribió directamente al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, a la administración de Vialidad y a la CGT regional de La Plata, denunciando la irregularidad. A la fecha, ninguna de esas gestiones obtuvo una respuesta concreta.


Cartas dirigidas a las autoridades.

Irregularidades internas y vínculos políticos

Lejos de ser un caso aislado, la situación de Rodríguez se enmarca en un gremio que, en manos de Soledad Rivero, acumula denuncias por corrupción, discrecionalidad y vínculos políticos. El secretario seccional, Néstor García, ni siquiera trabaja en la repartición que le corresponde. “Estamos acéfalos de secretario seccional. Tiene un pase político a otro ministerio, porque es conocido del ‘Cuervo’ Larroque”, aseguran los trabajadores.

La actual secretaria General, Soledad Rivero, heredó una estructura deteriorada por los excesos de su antecesor, Ángel Alberto Milazzotto, acusado de usar los fondos sindicales para financiar gastos personales, fiestas familiares y vacaciones en Mar del Plata. Las denuncias internas detallan gastos de carnicería, supermercados y restaurantes abonados con dinero del gremio, además de la apropiación de dos camionetas institucionales.

La organización mantiene fuertes lazos con el gobernador Axel Kicillof, y los ministros KatopodisAndrés Larroque, quienes, según denuncian los afiliados, garantizan la impunidad política del gremio y bloquean cualquier intento de intervención.


Soledad Rivero junto a Gabriel Katopodis y Walter Correa.

Un modelo sindical que excluye y se perpetúa

El caso de Rubén Rodríguez deja al descubierto un patrón: en la Asociación del Personal de Vialidad no hay lugar para la disidencia ni para los trabajadores que piensan distinto. Mientras los dirigentes se reparten cargos, manejan fondos sin control y amparan a sus aliados políticos, los empleados que buscan simplemente ejercer su derecho a la representación sindical quedan fuera del sistema.

“Quieren un gremio de amigos, no de trabajadores”, resume Rodríguez, que asegura no darse por vencido. Mientras tanto, la APV continúa sumando denuncias judiciales, pedidos de intervención y reclamos de transparencia que, hasta el momento, parecen caer en saco roto. (www.REALPOLITIK.com.ar)