28 de octubre de 2025 | Nacionales
El país quedó conmocionado luego de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hallara a la cantante Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo Bandana, en estado vulnerable dentro del departamento de su novio, Leandro Esteban García Gómez, en el barrio porteño de Palermo. La artista había sido denunciada como desaparecida por su madre, y al ser encontrada mostraba signos de sedación y maltrato.
Mientras el escándalo acaparaba las pantallas de televisión, comenzaron a surgir detalles sobre el pasado de García Gómez: lejos de ser un simple empresario, fue funcionario kirchnerista, militante activo y beneficiario de designaciones políticas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.
García Gómez, de 47 años, ocupó cargos dentro del ministerio de Producción durante la gestión de Cristina Kirchner, bajo la órbita de la entonces ministra Débora Giorgi. En 2008 fue designado coordinador Administrativo del área Legal y de Administración, una posición creada durante la expansión del aparato estatal kirchnerista.
Su nombre también aparece en registros oficiales como director nacional de Apoyo al Joven Empresario, con una declaración patrimonial que evidenció un crecimiento de casi el 300 por ciento entre 2012 y 2013. Entre sus bienes figuraban una quinta en Exaltación de la Cruz, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una participación en una empresa gastronómica denominada Esquina San Telmo.
En los últimos años del kirchnerismo, fue trasladado a la órbita bonaerense de Daniel Scioli, donde ejerció como director de Asuntos Legales de la Secretaría de Participación Ciudadana. Con la llegada de María Eugenia Vidal al poder, fue desvinculado del cargo.
Entre 2021 y 2022 pasó por Energía Argentina SA y finalmente, durante el gobierno de Alberto Fernández, desempeñó tareas en el Correo Oficial de la República Argentina.


Tras su salida del estado, García Gómez no abandonó la política. En 2016 fundó, junto a exintegrantes de La Cámpora, la agrupación “La Néstor Kirchner”, un espacio impulsado por Guillermo Moreno que buscaba diferenciarse del kirchnerismo tradicional, pero manteniendo su mismo espíritu de confrontación. Entre sus socios políticos se encontraba Esteban Pepe, un dirigente que años más tarde ocuparía cargos en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) y en la superintendencia de Servicios de Salud durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ambos crearon en 2019 la firma Grupo Meko SRL, dedicada a la exploración de medios de radio y televisión. La empresa no registra movimientos ni balances, pero dejó constancia de los vínculos de García Gómez con sectores del kirchnerismo mediático.
El nombre de Débora Giorgi, ministra de Producción e Industria entre 2008 y 2015, aparece nuevamente vinculado a otro personaje polémico: Diego Machado, su exsecretario privado y hombre de máxima confianza.
Machado fue despedido en medio de un escándalo tras protagonizar incidentes con personal aeronáutico y de seguridad ministerial. Años después, en 2016, su nombre volvió a los medios por razones más graves: formó una empresa de limpieza, Loctam SRL, junto al barra brava de Estudiantes de La Plata, Rubén “El Tucumano” Herrera, detenido en 2018 en el marco de una causa por asociación ilícita junto al ex juez César Melazo.
Herrera, histórico referente de la hinchada “pincha”, cobraba un sueldo del estado bonaerense desde hacía más de seis años y figuraba como socio comercial de Machado, el mismo funcionario que durante años manejó las cuentas y la agenda de Giorgi.
La conexión entre estos actores —García Gómez, Machado, Giorgi y Herrera— traza una red que une militancia política, poder estatal y negocios privados bajo el paraguas del kirchnerismo más duro.
Cuando los periodistas se acercaron a su domicilio para preguntar por el paradero de Lourdes Fernández, García Gómez intentó eludir las preguntas desviando el tema hacia lo político: “El gobierno de Milei está acabado, que vuelva Cristina Kirchner”, dijo ante las cámaras.
La frase, lejos de un exabrupto, pareció un recordatorio de su pasado militante. Horas después, fue detenido al intentar escapar por la terraza del edificio. Lourdes fue trasladada al Hospital Fernández y asistida por médicos del SAME.
Según fuentes judiciales, no era la primera vez que García Gómez enfrentaba denuncias por violencia de género. En 2022, la propia Lourdes lo había denunciado tras publicar en redes sociales una foto con el rostro golpeado. También se conoció una causa previa iniciada por otra ex pareja, en la que incluso se le había impuesto el uso de tobillera electrónica.
El caso de Leandro García Gómez no solo expone un nuevo episodio de violencia de género que podría haber terminado en tragedia, sino también una trama de impunidad tejida al calor del poder político.
Su paso por los despachos del ministerio de Producción, su militancia en estructuras partidarias y sus vínculos con funcionarios y barras ligados al kirchnerismo dejan en evidencia un entramado donde la violencia, la política y el negocio público-privado parecen convivir bajo un mismo manto de protección.
Mientras Lourdes Fernández intenta recuperarse del calvario vivido, la Justicia deberá ahora determinar si el ex funcionario actuó amparado por esa red de contactos que, durante años, lo mantuvo cerca del poder. (www.REALPOLITIK.com.ar)