Una costosa obra fronteriza y el silencio de Patricia Bullrich

La historia comenzó en octubre de 2019, cuando el entonces director nacional de Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, firmó una resolución que adjudicaba la remodelación del Paso Fronterizo Internacional Jama, en la provincia de Jujuy, a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por RG7 SAU y Ernesto Tarnousky SA.

El contrato ascendía a 188.700.000 pesos. La obra debía financiarse mediante el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), una herramienta creada con el propósito de fortalecer la presencia del estado nacional en los pasos internacionales y mejorar la infraestructura fronteriza.

Desde el inicio, la adjudicación despertó sospechas. Las empresas beneficiarias no contaban con antecedentes técnicos ni financieros que las habilitaran para una obra de semejante envergadura. Aun así, se les concedió un anticipo financiero de más de 30 millones de pesos, destinado —según el contrato— al acopio de materiales y el inicio de los trabajos.

El proyecto establecía un plazo de ejecución de trescientos días corridos, por lo que la obra debió haberse finalizado en agosto de 2020. Pero el paso del tiempo solo trajo silencio y abandono: en Jama no se colocó un solo ladrillo, ni se registraron avances de ningún tipo.

Un expediente que duerme

Recién en enero de 2024, cuatro años después de la adjudicación, el nuevo director nacional de Gendarmería, Antonio José del Pilar Bogado, instruyó formalmente la aplicación de multas y la rescisión del contrato por incumplimiento. Las actuaciones fueron elevadas a la cúpula del ministerio de Seguridad, bajo la órbita de la ministra Patricia Bullrich, con el objetivo de recuperar los fondos públicos entregados como adelanto.

Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Según fuentes del organismo, los reclamos formales e informales fueron reiterados, pero la ministra Bullrich no habría tomado ninguna medida concreta.

El riesgo de la prescripción

El silencio oficial genera alarma en el seno de Gendarmería. Conforme a la normativa vigente, si no se actúa en los plazos correspondientes, las empresas involucradas pueden solicitar la prescripción de las sanciones y evitar cualquier obligación de devolver el dinero recibido.

Control Fronterizo del Paso Jama.

“Estamos ante un caso de inacción peligrosa: el estado corrió con el riesgo financiero, pero ni siquiera exige el cumplimiento de lo pactado ni la restitución de los fondos”, señaló una fuente cercana al expediente.

El costo del olvido

El Paso Internacional Jama continúa sin las mejoras prometidas, pese a ser uno de los corredores estratégicos para el comercio con Chile y el norte andino. En la práctica, más de 30 millones de pesos públicos se esfumaron, y la responsabilidad política parece diluirse entre los escritorios del ministerio de Seguridad.

Mientras tanto, en la frontera, los gendarmes siguen operando en instalaciones precarias, en una obra que fue anunciada como símbolo de desarrollo, pero que hoy representa otro capítulo del derroche y la desidia estatal. (www.REALPOLITIK.com.ar)