Cómo se montó el millonario negociado de mobiliario escolar en la gestión de Gerardo Zamora

En Santiago del Estero, las licitaciones públicas parecen funcionar como un ritual anual. Cada año, casi con puntualidad matemática, el gobierno provincial lanza dos procesos licitatorios idénticos: uno desde el ministerio de Desarrollo Social y otro desde el ministerio de Educación. El objeto siempre es el mismo: la adquisición de mobiliario escolar para establecimientos educativos. El presupuesto, también: más de 2.545 millones de pesos. Y el resultado, previsible: la empresa Stilnovo Equipamiento vuelve a quedarse con el contrato.

La escena se repite desde hace más de una década, pero cada año adquiere un matiz más grotesco. En la última convocatoria, el simple derecho a acceder al pliego de condiciones costó 2,5 millones de pesos. “Un valor tan desmesurado que sirve de filtro: nadie se arriesga a pagar esa cifra cuando sabe que el contrato ya tiene dueño”, explicó a REALPOLITIK un empresario del sector maderero.

El negocio del mobiliario infinito

Los números desafían la lógica. Con las compras anuales realizadas, Santiago del Estero tendría, proporcionalmente, más muebles escolares que el resto del país entero. “Cada alumno tendría que sentarse sobre ciento cincuenta sillas distintas para justificar las compras”, ironizan empresarios que intentaron participar de las licitaciones sin éxito.

Las irregularidades no terminan ahí. Según los registros oficiales, los precios abonados por el gobierno provincial triplican o cuadruplican los valores de mercado:

- Una silla que en Córdoba cuesta 85 mil pesos, en Santiago del Estero se paga 330 mil.

- Un armario de 280 mil en Buenos Aires, cuesta 980 mil en la provincia gobernada por Gerardo Zamora.

Aun así, los decretos de adjudicación se aprueban sin reparos. Ningún organismo de control -ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado- ha objetado jamás las operaciones.

El pliego imposible

Las condiciones de los pliegos están diseñadas para desalentar la participación. Además del precio desorbitante para acceder a ellos, se exigen requisitos casi impracticables: plazos de entrega de siete días para miles de muebles, y la obligación de estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de Santiago del Estero (RUPSE), un organismo que, paradójicamente, permanece cerrado desde hace años.

Empresarios que intentaron inscribirse presentaron actas notariales certificando que el registro no aceptaba nuevas altas, bajo el argumento de que el “cupo estaba completo”. En la práctica, el cierre del RUPSE implica un blindaje absoluto del circuito de contrataciones: sólo las empresas ya registradas -entre ellas, Stilnovo- pueden participar.

Competidores fantasma y precios “a medida”

En las licitaciones, la empresa Stilnovo Equipamiento suele tener un único competidor: Offinet SRL, cuyo titular, Walter Alzogaray, figura en los registros como empleado de la propia Stilnovo. Como es habitual, Offinet termina descalificada por “errores formales” o por no cumplir los plazos. El resultado es siempre el mismo: Stilnovo queda como única oferente válida y gana la licitación.

Lo curioso es que sus propuestas coinciden exactamente con el presupuesto oficial, al centavo.

En 2024, por ejemplo, Stilnovo se adjudicó 3.085 millones de pesos en mobiliario para viviendas sociales y 1.208 millones para equipamiento hospitalario. En ambos casos, el esquema fue idéntico: pliegos caros, plazos exprés, registro cerrado y “competidores” de utilería.

El monopolio disfrazado de legalidad

Stilnovo, presidida por Domingo Serrano, se transformó en una suerte de “empresa estatal encubierta”, según denunció en la Legislatura el diputado Alejandro Parnás (Juntos por el Cambio). “Nos quieren hacer creer que es un emprendimiento privado, pero es una tomada de pelo. Su único cliente es el Estado provincial”, aseguró el legislador.

El poder de Stilnovo va más allá de los muebles. La empresa expandió su negocio a través de Qualitá, una fábrica de colchones y mobiliario urbano que también provee exclusivamente al estado. Todo esto ocurre bajo la mirada complaciente de la ministra de Educación, Mariela Nassif; la ministra de Salud, Natividad Nassif; y el propio Gerardo Zamora, cuyas firmas figuran en casi todos los decretos de adjudicación.

La provincia donde nunca hay control

En cualquier otra jurisdicción, semejantes maniobras hubieran generado investigaciones judiciales. Pero en Santiago del Estero, donde Zamora gobierna desde hace casi veinte años y controla los tres poderes del estado, la impunidad es estructural. Los organismos de control actúan como oficinas administrativas del ejecutivo, los medios locales dependen de la pauta oficial y los pocos empresarios que se animan a denunciar terminan excluidos de futuras contrataciones.

Las licitaciones gemelas, los pliegos de millones, los registros cerrados y los competidores fantasmas componen un sistema aceitado de negocios públicos privatizados.

En Santiago del Estero, las compras del estado parecen cumplir una sola función: transferir fondos públicos a empresas amigas del poder, bajo la apariencia de procedimientos legales.

Mientras tanto, las escuelas santiagueñas siguen recibiendo los mismos muebles cada año, y los santiagueños siguen pagando, con sus impuestos, un sobreprecio que triplica la realidad. La transparencia, en el feudo de Zamora, sigue siendo un lujo que cuesta más caro que un pliego. (www.REALPOLITIK.com.ar)