Escándalo en Abasto: Denuncian a Coto por poner en riesgo la vida de un cliente con discapacidad

Un reconocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, Daniel Sarwer, presentó una denuncia formal ante la Justicia Federal contra la cadena Coto CICSA por un accidente ocurrido el 31 de octubre en la sucursal del Abasto, que —según el texto judicial— puso en riesgo su vida y violó múltiples normas de protección a personas con discapacidad.

La presentación fue remitida al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la dirección nacional de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, la defensoría del Pueblo y la fiscalía Federal de turno, y solicita medidas cautelares urgentes para preservar las pruebas del hecho.

“Me entregaron un carrito eléctrico sin control y terminó volcándome encima”

Sarwer, que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, relató que el día del incidente se encontraba realizando sus compras habituales cuando el personal del supermercado le entregó un carrito eléctrico para personas con movilidad reducida, sin verificar su estado ni funcionamiento. “El carrito estaba acelerado y fuera de control, lo que produjo una brusca aceleración que me hizo volcar y caer al suelo, quedando atrapado debajo del vehículo”, detalló el denunciante.

Según el texto, el personal del local no le brindó asistencia médica inmediata. Fueron clientes y transeúntes quienes lo auxiliaron, entre ellos una mujer que recogió sus lentes del suelo tras el impacto. “Ningún responsable de la sucursal intervino ni se acercó a ofrecer ayuda”, aseguró Sarwer.

Violación de la ley de Discapacidad y omisión de auxilio

La denuncia cita los artículos 1, 2 y 19 de la ley 22.431, la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad, la ley 26.378 (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), y los artículos 5, 6 y 8 bis de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, entre otras normas. Asimismo, invoca el artículo 106 del Código Penal, que sanciona a quien “pusiera en peligro la vida o integridad física de otro” y no prestara auxilio.

“Lo ocurrido no es un simple reclamo de consumo: se trata de una violación grave a los derechos de las personas con discapacidad, por omisión de mantenimiento, asistencia y trato digno”, sostiene Sarwer en la presentación judicial.

El denunciante adjuntó ticket de compra, testigos, certificado de discapacidad y constancias médicas, y pidió que la Justicia ordene el secuestro inmediato de las cámaras de seguridad del local, tanto internas como externas, desde las 8.00 hasta las 22.00 del día del hecho.

Además, reclamó el secuestro y peritaje técnico de los dos carritos eléctricos para personas con discapacidad disponibles en la sucursal del Abasto, solicitando que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otro organismo competente determine si existieron fallas mecánicas o negligencia en su mantenimiento.

También pidió que se resguarde el libro físico de registro de entrega de carritos eléctricos, donde —según afirma— consta la anotación del accidente y las firmas del personal interviniente.

Una causa que podría sentar precedente 

El hecho vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las grandes cadenas comerciales frente al acceso seguro de personas con discapacidad, un derecho amparado por la constitución nacional y múltiples leyes nacionales e internacionales. “Las empresas no pueden ofrecer servicios de accesibilidad que no cumplen estándares mínimos de seguridad. No se trata de un favor, sino de una obligación legal y moral”, subrayó Sarwer.

Coto de Abasto.

Por último, el denunciante pidió ser reconocido como pretenso querellante, conforme al artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, y que se investigue penalmente a los encargados y administradores de la sucursal por exposición al peligro y omisión de auxilio.

De avanzar en la Justicia, el caso podría sentar precedente judicial sobre la responsabilidad de los supermercados en el mantenimiento y control de dispositivos de accesibilidad. Mientras tanto, la denuncia quedó en manos de la Cámara Federal, y se espera la intervención de los organismos de derechos humanos y de defensa del consumidor para determinar si existió negligencia y violación de derechos en uno de los comercios más concurridos del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)