2 de noviembre de 2025 | Judiciales
El juzgado de Familia Nro. 3 del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús dictó una medida de restricción perimetral contra el diputado bonaerense Sebastián Pascual, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), en el marco de una causa por violencia de género promovida por Paola Gisela Albarracín.
De acuerdo con el oficio judicial al que accedió REALPOLITIK, firmado por la secretaria del juzgado, Gisela Matta, el tribunal resolvió prohibir al legislador acercarse a la denunciante "a una distancia menor a 200 metros", advirtiendo que "las presentes medidas tendrán vigencia de 120 días corridos", en virtud de lo dispuesto por la ley 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar.
La medida se originó tras la acumulación de dos expedientes –AL-26636-2025 y AL-34324-2025– en los que se investigan distintos episodios de hostigamiento y amenazas contra Albarracín. Según el texto judicial, se ordenó además notificar a la comisaría correspondiente para garantizar el cumplimiento efectivo de la perimetral.

Consultada por este medio, la denunciante relató el calvario que atraviesa desde hace meses: “Por actuar como ciudadana de bien y denunciar varios hechos de corrupción que vi por parte del diputado Sebastián Pascual y su entorno, fui víctima de agresiones, amenazas de muerte y hostigamiento. El juzgado me otorgó un cese de hostigamiento que él violó, y ahora una perimetral porque temía por mi seguridad”.
Albarracín afirmó que las amenazas por parte del miembro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se intensificaron luego de que el legislador publicara dos videos en redes sociales: “En esos videos menciona a una persona que, según él, había perdido el trabajo, y no era así. Esa persona me llamó preocupada porque el diputado se había reunido con alguien para ‘hacerme mierda’. Lo denuncié y el juzgado lo tomó como desobediencia a la cautelar anterior”, explicó.
La denunciante vinculó los ataques con las denuncias por presunta corrupción que presentó ante la Oficina Anticorrupción y la subsecretaría de Transparencia Institucional, donde Pascual se encuentra investigado. “El único fin era desacreditar mis denuncias y amedrentarme. Lo peor es que quienes dicen llevar la bandera contra las falsas denuncias son los que usan esas mismas prácticas para callarme”, apuntó.
Hasta el momento, ninguna autoridad del partido que conduce Javier Milei se pronunció sobre la resolución judicial. “Los miembros del bloque, cuyo presidente es Agustín Romo, no tomaron medidas ni se comunicaron para expresar su repudio”, denunció Albarracín.
Esta nueva resolución se suma a la denuncia penal presentada meses atrás ante la UFI 8 y el juzgado de Garantías Nro. 2 de Avellaneda - Lanús, también por violencia de género y lesiones, tal como publicó REALPOLITIK en junio de este año. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la medida judicial vigente, el diputado Sebastián Pascual continúa en su banca sin pedido de licencia ni sanción interna por parte de su espacio político. o, incluso, del ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires que conduce Estela Díaz. (www.REALPOLITIK.com.ar)