Conflicto de intereses en obra fantasma salpica a Patricia Bullrich y Luis Caputo

La historia comenzó en octubre de 2019, cuando el entonces director de la Gendarmeria Nacional Argentina, Gerardo José Otero, adjudicó por 188.700.000 pesos la remodelación del Paso Internacional Jama, en la provincia de Jujuy. La beneficiaria fue una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por RG7 SAU y Ernesto Tarnousky SA, contratadas para ejecutar una obra financiada por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Desde su inicio, la licitación despertó sospechas. Las empresas carecían de antecedentes técnicos y financieros que las habilitaran para una obra de esa magnitud. Sin embargo, recibieron un anticipo de más de 30 millones de pesos, presuntamente destinado al acopio de materiales y al comienzo de los trabajos.

Paso de Jama.

Una obra que nunca empezó

El contrato fijaba un plazo de trescientos días. En agosto de 2020 la obra debía estar terminada, pero en Jama no se colocó un solo ladrillo. Cuatro años después, el proyecto sigue paralizado, sin avances ni informes de ejecución.

Ante el incumplimiento, en enero de 2024 el nuevo director de Gendarmería, Antonio José del Pilar Bogado, instruyó formalmente la rescisión del contrato y la aplicación de multas. Las actuaciones fueron elevadas al ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, con el objetivo de recuperar los fondos públicos adelantados.

Sin embargo, los reclamos no tuvieron respuesta. Según fuentes del organismo, la ministra “no adoptó ninguna medida concreta”, lo que genera preocupación por la posible prescripción de las sanciones y la pérdida definitiva del dinero.

“Estamos ante un caso de inacción peligrosa: el Estado corrió con el riesgo financiero, pero ni siquiera exige el cumplimiento ni la devolución de los fondos”, señaló una fuente de Gendarmería a REALPOLITIK.

La contraofensiva empresarial

En un giro inesperado, la UTE RG7 SAU - Ernesto Tarnousky SA presentó una carta documento dirigida a Gendarmería Nacional solicitando la vista completa de los expedientes administrativos vinculados a la obra. El objetivo: “Analizar los antecedentes y fundar los recursos que correspondan”.

Lo sorprendente es que, mientras solicitan tiempo para revisar la documentación, las empresas también piden que se suspendan los plazos requeridos por Gendarmería para ejecutar sanciones o exigir la devolución de los fondos. Es decir, no solo no devolvieron el dinero, sino que buscan ganar tiempo para evitar que el Estado actúe.

Un conflicto de intereses en el corazón del gobierno

La polémica crece cuando se revisan los nombres de los abogados autorizados por las empresas para representarlas en el expediente: la doctora Alejandra Beatriz Figueirido y el señor Sebastián Maldonado.

Figueirido, casualmente, fue designada por el actual gobierno de Javier Milei y Luis Caputo como directora del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina), según el decreto 358/2024.

Este fondo fiduciario público, creado en 2021, financia proyectos productivos en Tierra del Fuego y depende directamente del ministerio de Economía, que conduce Caputo.

La abogada, por lo tanto, representa legalmente a una empresa que estafó al estado mientras ocupa un cargo jerárquico dentro del mismo gobierno nacional.

Las conexiones políticas y económicas

Fuentes cercanas a antiguos contratistas de RG7 revelaron que Figueirido habría utilizado sus contactos dentro del gobierno para intentar “negociar un acuerdo ventajoso” con la dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad, a fin de reducir el monto que las empresas deberían devolver.

“Buscan cerrar el expediente devolviendo mucho menos de lo que recibieron, aprovechando sus vínculos en el poder actual”, aseguró un exproveedor de RG7.

La presencia de Figueirido en el FAMP - Fueguina, además, vuelve a poner bajo la lupa la influencia del ministro Caputo en ese organismo. El mismo decreto que la nombró incluye a Felipe Berón, economista cercano al ministro, y a otros directores avalados por su entorno.

En paralelo, la empresa Mirgor, perteneciente a la familia Caputo, anunció la construcción de un puerto en Río Grande, proyecto que podría recibir financiamiento del mismo fondo fiduciario que dirige Figueirido.

Una trama que combina omisiones y favores

El caso del Paso Internacional Jama expone una peligrosa combinación: la inacción estatal frente a un incumplimiento millonario y la presencia de funcionarios actuales representando a empresas involucradas en ese perjuicio.

El expediente, que debería ser una causa administrativa para recuperar fondos públicos, podría transformarse en un nuevo escándalo de connivencia política y judicial si se confirma que se intenta condonar parte de la deuda a través de negociaciones internas.

Mientras tanto, la obra sigue paralizada, los 30 millones de pesos permanecen sin rendición y Patricia Bullrich aún no firmó ninguna resolución que reactive el proceso sancionatorio. (www.REALPOLITIK.com.ar)