FAMP y Mirgor: El círculo virtuoso del clan Caputo

El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) fue creado en 2022 con la intención de diversificar la economía de Tierra del Fuego y reducir la dependencia de las ensambladoras electrónicas. Su financiamiento proviene del 15 por ciento del IVA que las industrias radicadas en la isla no pagan gracias al régimen de promoción vigente hasta 2038. Es decir, son las propias empresas las que alimentan el fondo que luego distribuye créditos, aportes y subsidios para proyectos productivos.

Hasta aquí, una política razonable. El problema surge cuando se observa quiénes lo manejan y a quiénes beneficia. El fondo, que actualmente acumula más de 130.000 millones de pesos, está bajo la órbita del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y, por tanto, del ministerio de Economía de Argentina encabezado por Luis Caputo. Entre los directores del FAMP figuran Felipe Berón, exintegrante de la consultora privada Anker —propiedad del propio Caputo—, y Noelia Ruiz, designada a instancias del asesor presidencial Santiago Caputo, sobrino del ministro y cerebro de la comunicación del presidente Javier Milei.

Los Caputo a ambos lados del mostrador

La conexión familiar y política es evidente. Mientras Luis Caputo tiene poder de decisión sobre los fondos, su primo Nicolás Caputo controla Mirgor, una de las principales compañías beneficiarias del régimen de promoción fueguino. Mirgor, a su vez, es una de las mayores aportantes al FAMP y al mismo tiempo una de las principales interesadas en acceder a su financiamiento.

En la carpeta de proyectos aprobados figura el megaproyecto del puerto de Río Grande, impulsado por Mirgor, con una inversión estimada en 400 millones de dólares. El objetivo: reducir costos logísticos, habilitar una vía de abastecimiento hacia la Antártida y desarrollar exportaciones energéticas y de hidrógeno verde. El FAMP figura como una de las fuentes de financiamiento del emprendimiento, que además obtuvo respaldo de bancos estadounidenses.

Con los Caputo al mando del ministerio de Economía, del FAMP y de la empresa beneficiaria, el conflicto de intereses es evidente: el mismo grupo familiar controla el flujo de los fondos y es receptor potencial de los recursos. En términos institucionales, se trata de un caso clásico de “juez y parte”.

Designaciones estratégicas y poder concentrado

La llegada de Noelia Ruiz—una joven dirigente del Pro— al directorio del FAMP y simultáneamente al directorio de ARSAT fue interpretada por diversos sectores como una muestra del avance del círculo cercano a Santiago Caputo sobre áreas sensibles del estado. Ruiz responde directamente al asesor presidencial y comparte espacio en el FAMP con Berón, excolaborador del ministro Luis Caputo. El tercer integrante del comité ejecutivo es Maximiliano D’Alessio, representante del gobernador fueguino Gustavo Melella.

Así, el fondo que decide sobre inversiones multimillonarias en la isla quedó en manos de funcionarios que responden política o personalmente a los Caputo. La familia, que ya controla una de las ensambladoras más grandes del país, extiende su influencia sobre el instrumento que define la distribución de los recursos en el polo industrial fueguino.

Mirgor, el principal beneficiario

Según datos oficiales, Mirgor y su subsidiaria Industrial Austral de Tecnología SA, son responsables del 26,7 por ciento de los aportes al FAMP. La compañía ya logró la aprobación de un primer desembolso por 400 millones de pesos —una cifra que distintas fuentes calificaron como “ridícula” en comparación con la magnitud del proyecto—, pero espera acceder a montos mucho mayores para materializar el puerto de Río Grande, previsto para entrar en funcionamiento en 2027.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Mirgor, Juan Donal, ratificó recientemente el compromiso de la empresa: “Este puerto va a representar soberanía, desarrollo económico y una proyección antártica incalculable”, afirmó en el Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas. Sus palabras, sin embargo, contrastan con la opacidad en la gestión de los fondos y el control cruzado entre empresa y gobierno.

Un caso testigo de la nueva concentración económica

El FAMP, concebido originalmente como un instrumento de diversificación productiva, se convirtió en un espacio de poder donde confluyen intereses públicos y privados. En la práctica, los Caputo se encuentran a ambos lados del mostrador: manejan el fondo desde el estado y lo aprovechan desde el sector privado.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que el fondo fue “congelado” por problemas administrativos, aunque en los hechos las designaciones recientes y las gestiones de los Caputo apuntan a reactivarlo. El riesgo es evidente: que los recursos destinados a impulsar la economía fueguina terminen reforzando la posición dominante de una sola empresa, ligada al propio poder político.

El caso FAMP - Mirgor - Caputo resume una dinámica recurrente en la historia económica argentina: la del funcionario empresario que legisla y gestiona en beneficio propio. En este esquema, la frontera entre lo público y lo privado se diluye, y el estado se convierte en vehículo de acumulación para los mismos grupos que deberían ser regulados.

A menos de un año del inicio de la gestión Milei, el episodio pone en jaque la promesa de transparencia y meritocracia con la que se presentó el gobierno libertario. En Tierra del Fuego, el apellido Caputo simboliza hoy la contradicción entre el discurso del ajuste y la práctica de la concentración económica bajo el paraguas del poder político. (www.REALPOLITIK.com.ar)