La increíble revictimización protagonizada por Estela Díaz, Axel Kicillof y el IOMA de Homero Giles

La historia que involucra al gobierno de Axel Kicillof y expone la hipocresía del discurso oficial sobre la violencia laboral y de género suma un nuevo y escandaloso capítulo. Pese a que la Justicia dictó medidas de restricción y el propio gobierno de gobernador aprobó hace apenas cuatro meses el Protocolo Marco para la Prevención, Intervención y Abordaje Integral de las Violencias Laborales, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) decidió ignorar ambas disposiciones y trasladar a la víctima, en lugar de apartar al funcionario denunciado.

El caso involucra a tres trabajadoras -Viviana Moyano, Johana Ramírez y Araceli Ramírez- que denunciaron penalmente por abuso, hostigamiento y violencia laboral al director regional Víctor Manuel Casanovas, un hombre de confianza de La Cámpora que continúa al frente de la delegación a pesar de contar con una causa judicial abierta y una prohibición de acercamiento.

La denuncia, caratulada “Casanovas, Víctor Manuel s/Abuso sexual”, tramita en el juzgado de Garantías Nro. 1 de Dolores y cuenta con medidas cautelares que, lejos de cumplirse, se han transformado en un nuevo mecanismo de persecución institucional.

Según pudo reconstruir REALPOLITIK, en los últimos días un comité interdisciplinario de IOMA, que actúa en coordinación con el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires que conduce Estela Díaz, decidió disponer el traslado de una de las denunciantes a otra localidad, obligándola a recorrer más de 60 kilómetros diarios para poder conservar su empleo.

La decisión fue comunicada de manera informal y telefónica, sin notificación escrita ni fundamentos técnicos, y contradice de forma abierta el protocolo provincial que establece que el denunciado debe ser separado del cargo, no la víctima.

El mismo comité, integrado por psicólogos y funcionarios del área de género del instituto, fue señalado por las trabajadoras como un espacio de revictimización y desprotección. Lejos de acompañarlas, el dispositivo sirvió para aislarlas y garantizar la continuidad del funcionario denunciado, cuya militancia política lo mantiene blindado por la estructura interna de La Cámpora dentro del organismo.

Mientras tanto, las otras dos denunciantes permanecen fuera de sus lugares de trabajo, una de ellas con licencia por violencia de género y otra sin cobro ni comunicación oficial. En todos los casos, las decisiones administrativas del IOMA violan los principios básicos de no revictimización y protección integral que el gobierno de Axel Kicillof dice promover.

El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García.

El presidente del instituto, Homero Giles, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la propia cartera de Mujeres conducida, permanecen en silencio. La maniobra revela la persistente impunidad con que se manejan ciertos sectores del oficialismo dentro del estado bonaerense: se protege al acusado, se castiga a las víctimas y se utiliza la retórica de los derechos como escudo político.

La primera gran prueba de la implementación del flamante Protocolo de Violencia Laboral del gobierno de Kicillof se desarrolla hoy en IOMA, y el resultado no podría ser más contundente: el estado provincial volvió a fallarles a las mujeres que denunciaron abusos dentro de sus propias instituciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)