21 de noviembre de 2025 | Nacionales
La indignación dentro de la Policía Federal Argentina (PFA) no podría ser mayor. En los grupos internos la bronca se expresa “en dos idiomas”, dicen, y el motivo es tan simple como escandaloso: el gobierno de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich decidieron impulsar un Consejo Honorario de la Policía Federal Argentina integrado nada menos que por un jefe policial condenado por corrupción y otro procesado por encubrimiento en la causa de Alberto Nisman.
“¿Honorífico desfraudar al estado?”, preguntan, furiosos, quienes conocen de primera mano la historia negra de Roberto Giacomino, el primer jefe de la PFA en cuatrocientos años expulsado por corrupción y condenado en 2015 por administración fraudulenta. Y agregan: “¿Cómo puede ser que pongan también a Román Di Santo, procesado por irregularidades en el caso Nisman? Es una burla”.

Roberto Giacomino, exjefe de la Policía Federal entre 2001 y 2004, aliado a Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por una defraudación millonaria contra la obra social policial. La maniobra quedó detallada en un fallo “demoledor” del Tribunal Oral Federal Nro. 4: sobreprecios de hasta el 400 por ciento, contratos amañados y empresas falsas o vinculadas a su concuñado, todas beneficiadas con plata de los 180 mil afiliados.
En 2001, el entonces comisario general Roberto Giacomino asumió la titularidad de la Policía Federal en reemplazo de Rubén Jorge Santos, cuestionado por su actuación en la represión durante las protestas contra las medidas económicas que, en la Ciudad de Buenos Aires, provocaron siete muertos.

Luego, Giacomino se convirtió en el primer jefe de la institución en ser echado bajo estas características. Pero hoy, dos décadas después, Bullrich lo coloca al frente del Consejo Honorario de la Policía Federal, una estructura creada en 2023 que reúne a exjefes con supuesta “trayectoria institucional”.
La paradoja es obscena: el hombre que robó a la obra social de los policías hoy les dicta doctrina.
El segundo integrante polémico es Román Di Santo, exjefe de la PFA e imputado por el fiscal Eduardo Taiano en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman.
Di Santo pidió recientemente ser sobreseído, pero la imputación sigue firme: está acusado —junto a Sergio Berni, Luis Heiler y otros funcionarios— de manipular la escena del crimen en Le Parc la noche del 18 de enero de 2015.

Según la Justicia, Di Santo ingresó al departamento de Nisman mientras se investigaba la muerte del fiscal, y hay sospechas de alteración de pruebas. A pesar de eso, Bullrich lo nombró vicepresidente del Consejo Honorario.
Dentro de la fuerza, la presencia combinada de un condenado y un procesado en un órgano “asesor” causa estupor. “O sea, un tipo condenado a cargo del consejo honorífico…”, repiten los mensajes internos. “Es una provocación”.
La pregunta que sobrevuela Comodoro Py, la PFA y el propio ministerio de Seguridad es por qué razón el gobierno libertario decidió premiar a dos figuras tan comprometidas judicialmente.
El Consejo Honorario fue creado con apoyo explícito de Bullrich y validado institucionalmente por la propia jefatura de la Federal. El video de inauguración muestra al actual jefe, Luis Rolle, junto a Giacomino, Di Santo y otros exjefes, celebrando la “unidad” y “experiencia” de la plana mayor retirada.
La voz en off del acto lo deja claro: “Solamente los exjefes pueden integrar el Consejo, y deben ser aprobados por el propio jefe de la institución”. Bullrich los aprobó. Milei no objetó nada. Con esa señal política, dos nombres cuestionados quedan reposicionados como referentes institucionales de la PFA, pese a su prontuario.
Según confirman fuentes de la fuerza, el malestar escaló tanto que incluso grupos usualmente alineados con Bullrich hoy exigen explicaciones. “Esto no lo defiende nadie”, reconocen.
En un contexto de recorte presupuestario, sueldos congelados y creciente malestar policial, la decisión del gobierno aparece como un gesto orientado más a blindar viejas alianzas que a mejorar la institucionalidad.
Giacomino fue cercano a viejos caudillos del peronismo federal como Carlos Ruckauf. Di Santo supo ser parte del círculo de Cristina Fernández de Kirchner en las horas más tensas del caso Nisman. Hoy ambos son reivindicados por un gobierno que prometió combatir al kirchnerismo y terminar con la casta.
El resultado es una paradoja: la “revolución anticasta” de Milei termina premiando a dos jefes procesados y condenados. (www.REALPOLITIK.com.ar)