22 de noviembre de 2025 | Provincia
El dato se desprende de un reciente fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, en el que aprueba formalmente la rendición del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 2024, pero expone irregularidades persistentes, falta de modernización administrativa, un presupuesto que se disparó y contrataciones concentradas casi exclusivamente en procesos directos, lo que promete abrir debate interno y político en los próximos días.
De acuerdo con el expediente, el organismo -que preside Daniel Fernando Soria y donde el dirigente de La Cámpora, Facundo Tignatelli, se desempeña como vicepresidente- inició el año con un presupuesto original de 574.118.000, pero durante el ejercicio recibió modificaciones que elevaron el crédito disponible a 1.894.554.047, es decir, un incremento del 230 por ciento. De ese total, se devengaron 1.894.554.029,16, prácticamente la totalidad de los créditos.
Dentro de ese gasto, el Tribunal destaca que el 86 por ciento se destinó a sueldos del personal del Consejo de la Magistratura, un nivel de incidencia inusualmente alto para un organismo técnico.
El informe subraya que las contrataciones directas y las licitaciones públicas bajo convenio marco concentraron “casi el 100 por ciento del total contratado”. En total, las compras y contrataciones del ejercicio sumaron 65.001.908,63, de los cuales:
- 58 por ciento se destinó a compra y mantenimiento de equipos informáticos.
- 33 por ciento a reparaciones y mantenimiento edilicio.
- 9 por ciento a compras menores como herramientas, micrófonos y agua mineral.
Si bien el informe señala que estos mecanismos cumplen con las normas vigentes, el volumen casi total de contrataciones directas es un dato que enciende alertas sobre los estándares de competencia y transparencia dentro del organismo.
La parte más delicada del fallo está en el considerando segundo, donde el organismo bonaerense vuelve a marcar una falencia grave: el Consejo de la Magistratura sigue liquidando los sueldos como en la década del 90, con una planilla de Excel, sin ningún sistema seguro, automatizado ni auditable.
El propio Tribunal advierte que este método incrementa el riesgo de errores humanos, debilita el control interno, compromete la trazabilidad de los datos y contradice las buenas prácticas de auditoría (ISSAI 140 y COSO). Peor aún: esta recomendación fue realizada varias veces en años anteriores, pero nunca fue implementada. En este ejercicio, el Tribunal decidió no reiterarla, pero dejó constancia expresa de que sigue pendiente.
El organismo avanzó en la creación del Portal Digital de Aspirantes (PODA) y el Registro Integral de Antecedentes (RIA), lo que permitió mejorar los procesos de concursos y exámenes. Sin embargo, el Tribunal remarcó que el sistema de liquidación de haberes sigue atrasado, un contraste que deja en evidencia un proceso de modernización administrativo incompleto y desigual.
En un párrafo de énfasis, el Tribunal aclara que el estado de movimiento de fondos solo muestra lo pagado por la Tesorería Sectorial, dejando afuera los pagos hechos desde la Tesorería General (CUT). Además, los “ingresos extrapresupuestarios” incluyen fondos que en realidad son presupuestarios, lo que puede inducir a interpretaciones equivocadas al analizar el estado financiero real del organismo.

A modo de resumen, el documento hace las siguientes observaciones y advertencias:
- El Consejo aumentó su presupuesto real un 230 por ciento.
- La masa salarial se come el 86 por ciento del gasto.
- Casi el 100 por ciento de las compras se hicieron por contratación directa o convenios marco.
- Hay una falla grave y repetida: el organismo liquida los sueldos en Excel.
- Para el Tribunal, esto vulnera estándares internacionales de control.
- La modernización institucional avanza en concursos, pero está frenada en administración.
Pese a las observaciones, el Tribunal concluye que la cuenta del Consejo de la Magistratura está ajustada a derecho y refleja la situación patrimonial y financiera del ejercicio, por lo que decidió aprobar la rendición 2024. La resolución lleva las firmas de Gustavo Eduardo Diez, Juan Pablo Peredo, Ariel Héctor Pietronave, Daniel Carlos Chillo y Federico Gastón Thea. (www.REALPOLITIK.com.ar)