Gendarmería: Nueva denuncia por abuso y encubrimiento expone patrón de comportamiento

Una joven sanjuanina denunció un episodio de abuso sexual cometido por un aspirante a gendarme y un posterior entramado de protección institucional, maniobras de encubrimiento, hostigamiento y revictimización dentro del Instituto de Formacion de Gendarmes "Gendarme Félix Manifior", ubicado en Barreal, provincia de San Juan. La denuncia —que consta en el expediente MPF-SJ, presentada el 3 de julio de 2025 ante la UFI CAVIG— expone con detalle un accionar coordinado de oficiales de la fuerza para defender al acusado y atacar a la víctima.

La denunciante, Ailén Ayelén Balan, relató que el 22 de junio de 2025, mientras bailaba en un boliche de Barreal, fue agredida sexualmente por Ernesto Agustín Figueredo, aspirante a gendarme de veintidós años. Según su declaración, el joven se colocó detrás de ella, la tomó de la cintura y comenzó a frotarse contra su cuerpo: “Me empezó a realizar un movimiento donde apoyaba su pene en mis glúteos… le empecé a pegar piñas en la cara hasta que me soltó” 

Instituto de Formacion de Gendarmes "Gendarme Félix Manifior".

Pese a que la víctima aportó testigos, descripciones físicas y un relato consistente, la institución tomó un camino diametralmente opuesto al esperado: proteger al acusado, desacreditar a la denunciante y someterla a presiones que constituyen, al menos, una grave violación de los protocolos de género y del deber de funcionario público.

Traslados irregulares, encubrimiento y vínculos con el poder

La joven denunció que, tras el hecho, Figueredo fue visto circulando cerca de su domicilio en un Fiat Cronos rojo patente AF167NG, conducido por su propietario, el segundo comandante Carlos Ozuna, jefe directo de los aspirantes. El hecho quedó asentado en la denuncia penal y en el formulario 20/25 de protección emitido por la comisaría de Barreal.

El dato coincide con uno de los puntos más sensibles del expediente interno: Ozuna admitió por escrito haber trasladado personalmente al aspirante Figueredo en su vehículo particular fuera del instituto la noche del 30 de junio —el mismo día en que la víctima reportó su presencia cerca de su casa— aunque afirmó que el trayecto fue solo hacia la comisaría 33 para que Figueredo denunciara supuestas lesiones provocadas por la pareja de la denunciante 

El informe firmado por Ozuna (IF-2025-102216199-APN-INSBARREAL#GNA) detalla que no estaba autorizado a disponer salidas de aspirantes, que utilizó su vehículo personal por “falta de transporte oficial” y que el traslado ocurrió en un horario “no administrativo”. La explicación choca de frente con los reglamentos internos, que prohíben a los instructores movilizar a aspirantes sin autorización superior y menos aún en vehículos particulares.

Además, Ozuna solicita que se lo “desvincule” de la causa alegando “falacias” y “falsa imputación”, y se reserva el derecho a denunciar a la víctima por daños y perjuicios. Su tono defensivo contrasta con las obligaciones que impone la ley 26.485, que exige proteger a la denunciante y evitar su revictimización.

Un “plan sistemático” para desacreditarla y exponerla públicamente

Según Balan, no solo se encubrió al aspirante, sino que se montó un mecanismo institucional para intimidarla y desacreditarla. En un extenso relato enviado a REALPOLITIK, afirma que el jefe de agrupación y el psicólogo del instituto resguardaron al denunciado, que el propio Ozuna —mencionado en la causa penal— continúa acompañando a Figueredo fuera del instituto, que el área de Género la visitó en su domicilio invitándola a declarar sin garantizar condiciones de privacidad, que entregó su denuncia penal para evitar revictimización y, sin embargo, la institución la difundió internamente, exponiendo sus datos personales, que funcionarios del Instituto se burlaron de ella y la trataron de “mentirosa”, y que, pese a la denuncia por abuso sexual, Figueredo está a punto de egresar como gendarme en cuestión de días.

Balan también denunció la existencia de un certificado psicológico emitido para Figueredo —que indicaría problemas de ansiedad y consumo de alcohol— que, según asegura, fue ocultado por la institución aunque ella conserva una copia firmada.

La joven lo resume con crudeza: “No entiendo el abuso de autoridad que manejan, el complot entre profesionales… el daño que me causaron y me están causando”. 

Actuaciones contradictorias

Uno de los elementos más graves del caso es la incompatibilidad absoluta entre los roles formales y las acciones concretas de quienes investigan:

- El mismo jefe que trasladó al acusado —en un acto irregular— fue quien abrió la investigación interna de Gendarmeria Nacional Argentina.

- El mismo oficial encargado de género fue quien notificó a la víctima y luego participó en un proceso que ella denuncia como revictimizante.

- El oficial informante —según relata la joven— declaró “inocente” al aspirante aún cuando existían testigos, pruebas y una denuncia penal en curso.

- La estructura disciplinaria del instituto no solo no se apartó, sino que actuó como parte interesada en defender al denunciado, invalidando la imparcialidad del procedimiento.

Documentos internos muestran una prioridad: defender el status quo

Un informe oficial del 15 de septiembre de 2025 es revelador. Más allá de responder al memorándum interno, dedica párrafos enteros a descalificar a la denunciante, acusándola con definiciones como “generalización apresurada”, “falacia ad hominem” y “post hoc ergo propter hoc”.

El tono no es el de un funcionario que analiza hechos, sino el de un involucrado personal que busca defenderse y atacar. Resulta especialmente grave que un segundo comandante utilice recursos institucionales para señalar, deslegitimar y eventualmente denunciar penalmente a una víctima de abuso sexual.

No hay referencia alguna, por ejemplo, a medidas para garantizar protección a la denunciante. Sí hay una aclaración insistente: que él no tuvo relación personal ni laboral relevante con la víctima ni con su pareja. Y una advertencia final: que emprenderá acciones legales contra Balan.

Un patrón que se repite

Lo ocurrido en Barreal se da en un contexto extremadamente sensible para la institución. El 14 de noviembre pasado, REALPOLITIK reveló una denuncia de características aún más graves: el caso de René Ariel Bordón, gendarme y odontólogo que denunció haber sido sometido durante años a abuso sexual, torturas, amenazas y encubrimiento por parte de altos mandos del mismo Instituto de Formacion de Gendarmes "Gendarme Félix Manifior", incluido su comandante principal.

En ese expediente, el juez federal Federico Millán Ursino ya reconoció a la víctima como querellante, ordenó medidas de protección, requirió legajos, dispuso perímetros de exclusión de 500 metros y abrió una investigación por delitos gravísimos, incluyendo abuso sexual agravado, coacción, encubrimiento y abuso de autoridad.

En resumen, el Instituto Félix Manifiòr es hoy el epicentro de dos causas simultáneas por abuso sexual, violencia institucional y encubrimiento jerárquico. Ambos casos señalan el mismo patrón: jerarquías que protegen a miembros de la fuerza, mecanismos internos usados para perseguir a víctimas, psicólogos y áreas técnicas que actúan para desacreditar testimonios y un aparato disciplinario que opera como defensa corporativa. (www.REALPOLITIK.com.ar)