Piden prohibir la salida del país de la exfuncionaria Ornella Calvete

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo en Comodoro Py. El presidente de la ONG ARM Global, Daniel Sarwer, presentó una denuncia penal federal contra Ornella Calvete, exfuncionaria del gobierno de Javier Milei, solicitando medidas cautelares inmediatas: prohibición de salida del país, retención del pasaporte, restricción migratoria total y citación urgente a indagatoria.

La presentación —a la que accedió REALPOLITIK— fue ingresada ante la Cámara Federal con un planteo directo: investigar a Calvete por asociación ilícita económica, lavado de activos, enriquecimiento injustificado, encubrimiento agravado y administración fraudulenta, en el marco del secuestro de casi 700 mil dólares en su domicilio durante un procedimiento ordenado el 9 de octubre.

La denuncia: Riesgo de fuga y pedido de medidas inmediatas

Sarwer sostiene que el “volumen de fondos secuestrados”, la “capacidad económica para evadir la acción de la Justicia” y los “vínculos familiares con imputados de causas conexas” obligan a intervenir de urgencia. Por tanto, el escrito solicita: prohibición de salida del país, retención preventiva del pasaporte, restricción migratoria total (Migraciones + Policía de Seguridad Aeroportuaria), indagatoria urgente de Calvete y, si el tribunal lo considera, medidas cautelares más intensas, previstas en el artículo 280 del CPPN.

El denunciante pidió además la incorporación íntegra del expediente 3402/2025 (Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker y otros), en el que el fiscal federal Federico Picardi produjo elementos que -afirma- “deben ser valorados en conjunto para establecer la ruta del dinero”.

Quién es Ornella Calvete y por qué está en la mira

La exfuncionaria saltó al centro del escándalo luego de que en su departamento se incautaran 700 mil dólares en efectivo cuya procedencia no pudo justificar. La renuncia presentada horas después del allanamiento no alcanzó para frenar las sospechas.

La denuncia sostiene que la presencia de semejante suma en manos de una funcionaria pública configura, por sí sola, un indicio de maniobras ilícitas, y que existe riesgo concreto de ocultamiento de activos, coordinación externa para entorpecer la investigación y fuga del país ante una posible imputación formal.

ANDIS, un apellido que se repite

El nombre Calvete es central en el megaexpediente por corrupción en la ANDIS. Su padre, Miguel Ángel Calvete, fue trasladado días atrás a Comodoro Py para prestar declaración como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de compras públicas de medicamentos, sobreprecios millonarios y coimas.

El dirigente, que ya había sido condenado en 2019 a cuatro años de prisión por explotación económica de la prostitución, se negó a declarar frente al juez Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi. Su detención se activó tras nuevas pruebas recolectadas en la causa ANDIS.

Los tribunales de Comodoro Py.

El ministerio Público sostiene que Calvete facilitaba adjudicaciones para droguerías privadas, articulaba cobros y pagos con empresas del sector médico, operaba como gestor de contratos irregulares y mantenía reuniones en su domicilio con funcionarios del organismo.

Entre los señalados figuran el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el funcionario Daniel María Garbellini, ambos citados a declarar esta semana.

Según fuentes judiciales, los fiscales consideran “extremadamente sugestivo” que, en paralelo al avance de la causa ANDIS, se haya encontrado una suma en efectivo de esta magnitud en el domicilio de la hija del principal acusado de la asociación ilícita.

El dictamen del fiscal Picardi, incorporado por Sarwer en su nueva denuncia, señala que la exfuncionaria no acreditó el origen lícito de los fondos, lo que abre la posibilidad de un esquema de lavado de activos, ocultamiento de ganancias no declaradas o incluso cobros de retornos vinculados a las compras direccionadas dentro de la ANDIS.

Un expediente que se amplía y una presión judicial que crece

La presentación de Sarwer agrega presión a un caso que ya se proyecta como uno de los expedientes de corrupción más sensibles de la administración actual. Por su parte, la Cámara Federal deberá resolver si adopta de inmediato las medidas cautelares solicitadas o si espera el avance de la instrucción.

Mientras tanto, el apellido Calvete se convierte, cada día más, en un factor de inestabilidad dentro del gobierno y en un punto de tensión judicial que podría derivar en detenciones, embargos multimillonarios y ampliación de imputaciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)