El gobierno de Mendoza estaría promoviendo una empresa acusada de corrupción, contaminación y violencia

Este miércoles la Cámara de Diputados de Mendoza votará la declaración de Impacto Ambiental de esta megaestructura minera que lleva siendo resistida desde hace más de quince años por los riesgos ambientales que representa, pero que ha sido defendida explícitamente por el gobierno de Alfredo Cornejo.

Se trata del proyecto San Jorge cuya boca de mina estaría unos 37 kilómetros al noroeste de la localidad de Uspallata y a 97km de la ciudad de Mendoza. Éste planea utilizar unos 370.000 m³ de agua dulce por mes en una provincia con crisis hídrica crónica.

¿Una lavada de cara?

En 2015 la firma suiza Solway Investment Group adquiere una parte del proyecto y luego la totalidad.

En 2024, la titularidad fue asumida de manera conjunta por Zonda Metals GmbH (Suiza) y el Grupo Alberdi (Argentina). Esta conformación empresaria es la que actualmente encabeza el desarrollo.

Ahora bien, la directora de esta empresa suiza es la ucraniana Olga Nikolaeva según figura en el portal de negocios DNB.com y Zonda Metals está radicada en Zug, Suiza.

Sin embargo, en el sitio Business Monitor explícitamente muestra que Nokilaeva también es directora general de Solway Investment Group GmbH (también radicado en -sorpresa- Zug, Suiza).

Allí mismo se especifica que esta última corporación también es accionista de Zonda Metals GmbH.

Es decir, como afirma el técnico Federico Soria en su investigación, Zonda Metals es una lavada de cara de la desprestigiada Solway para resucitar a Minera San Jorge.

Solway: contaminación, violencia y corrupción

El portal Business & Human Rights Resource Centre y distintas fuentes como el diario francés Le Monde registran bochornosos hechos vinculados a esta empresa en la zona de la mina de níquel Fénix en El Estor, Guatemala.

El grupo empresarial fundado por Alexander Bronstein tiene activos en distintos países emergentes y con dudosa reputación en varios casos.

Una investigación periodística internacional reveló que en 2017 pescadores guatemaltecos se quejaron por una extensa mancha roja en el agua del lago de Izabal cercana de la planta de procesamiento de níquel.

El gobierno adujo que se trataba de algas, hubo una manifestación de pescadores y uno de ellos, Carlos Maaz, murió aparentemente por un disparo policial. 

A su vez, en el marco de la misma investigación surge que la consulta popular que el grupo suizo hizo a la comunidad aborigen estuvo sesgada por sobornos bajados a través de la fundación Raxché, cuyo principal patrocinador es Solway.

Pero no sólo el país centroamericano ha sido víctima del grupo dirigido por Nikolaeva.

En Filipinas Solway es representado por Robert Gaspar, quien a su vez representa a Techiron, una empresa minera acusada de incumplimiento fiscal en ese país. De hecho, el mismo Gaspar ha sido acusado de fraude y lavado de dinero.

Si bien no aparece el nombre explícito de Solway en la denuncia, sí está verificado que es el mismo representante de ambas empresas. Hecho que permitiría sospechar que la firma de Europa del Este estaría implicada en esos ilícitos.

“Sería un incobrable”

El senador provincial por el Partido Verde, Dugar Chappel, es uno de los principales opositores al proyecto minero San Jorge ya que asegura que “…todo el proceso fue viciado, en ningún momento pudimos controlar cuáles eran las normas de protección que se podían establecer…si se violaron todas las normas previas para llegar a esta Declaración de Impacto Ambiental, no estamos en condiciones de aprobarla…”.

El senador mendocino Dugar Chappel.

Se le consultó sobre las posibilidades de cobrar multas por incumplimientos o de buscar resarcimientos económicos para el estado y/o directamente a ciudadanos por contaminación ambiental.

Chapel expone lo complejo de esto al haber una internacionalización de los actores. “Vienen y se van, después andá a agarrarlos, porque son empresas que se crean para eso. Junto con el proyecto San Jorge se crea el Fondo de Compensación Ambiental y ese fondo no prevé ningún aporte previo de ninguna empresa que venga, sino que se va a formar con las multas que se les apliquen a aquellas empresas que dañen el medioambiente.

Quiere decir que primero tienen que dañar, después probar que dañaron el medioambiente, después aplicarle la multa y luego cobrárselas, mientras tanto ese fondo no va a existir porque no se les piden aportes previos. Si no pensara que son malos, que a esta altura ya lo creo, pensaría que son burros… Lo que no harían con una casa, de alquilarla sin pedir garantes, sin mirar el bono de sueldo, eso mismo están haciendo acá”.

Con respecto a que sean empresas que se crean para eso el caso de Zonda Metals no sería la excepción, es que fue registrada el 25 de mayo de 2022 según consta en el portal moneyhouse.com

Así es, sólo un año y medio antes de establecerse en la provincia de Mendoza, según consta en el Boletín Oficial del 3 de diciembre de 2024. (Página 91). 

Chapel, quien es abogado, explica sobre la factibilidad de cobrar efectivamente una multa a este tipo de empresas bajo la estructura actual: “Si yo estuviera en la administración que tiene que tratar de cobrar eso me sería muy difícil, diría que sería un incobrable”.