Astillero Río Santiago: Axel Kicillof sostiene a dos funcionarios involucrados en compras irregulares

Mientras el Astillero Río Santiago vuelve a ocupar la escena pública por un fallo que ordena a exfuncionarios de Daniel Scioli devolver más de 70 millones de pesos por contratos apócrifos, otra resolución del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) puso bajo la lupa a dos funcionarios claves de la gestión de Axel Kicillof: Eduardo Luis Padín y Gonzalo Ariel Horacio Ibendahl.

El fallo —correspondiente al ejercicio 2023 del Ente Administrador del Astillero— confirma que ambos directivos incurrieron en desdoblamientos de contrataciones y en la falta total del plan anual de compras, una obligación legal establecida por la normativa provincial.

Del ARS a la Contaduría, con irregularidades aún sin resolver

Padín, quien en marzo de 2024 fue trasladado por el gobierno de Kicillof a la Contaduría General de la Provincia, recibió un “llamado de atención”, la sanción formal prevista en el artículo 16 de la ley 10.869. El HTC detalla que las compras bajo su responsabilidad se estructuraron mediante múltiples órdenes de pago de montos similares, destinadas a adquirir distintos bienes.

Las operaciones se realizaron por fuera de los procedimientos de contratación que correspondían por monto y periodicidad, constituyendo —según el organismo— una presunción clara de desdoblamiento, figura prevista en el artículo 6 de la ley 13.981.

Eduardo Luis Padín en París, Francia.

Además, REALPOLITIK constató que, ya en junio de 2023, Padín presionaba formalmente por su pase a planta permanente, en momentos en que su desempeño administrativo estaba siendo evaluado por el organismo de control. Pese a ello, el gobierno provincial lo desplazó del Astillero y lo premió con una ubicación estratégica dentro de la contaduría General.

Astillero Río Santiago.

Ibendahl, aún en funciones

El fallo también alcanza al actual gerente General del Astillero Río Santiago, Gonzalo Ariel Horacio Ibendahl, quien continúa ocupando su puesto pese a las observaciones del Tribunal.

Ibendahl fue responsabilizado por no garantizar que las compras y contrataciones se ajustaran al procedimiento legal. Además, el organismo conformó que el funcionario ni siquiera presentó un plan anual de compras para 2023, un insumo básico para ordenar y transparentar el gasto público.

El HTC remarca que la ausencia del plan no puede justificarse en la “organización de tipo empresarial” del Astillero ni en la falta de previsión presupuestaria, recordando que la normativa se aplica en forma plena a todos los entes descentralizados incluidos en la ley de Presupuesto.

Compras fragmentadas, urgencias dudosas y problemas de control

Entre otras anomalías, la auditoría identificó tres compras de aires acondicionados realizadas entre enero y febrero de 2023 por 2.9 millones, y tres compras de impresoras ejecutadas entre marzo y mayo por 4.3 millones, todas con el mismo proveedor -Takeprofit SAS, propiedad de Lisandro Tellez- y bajo la modalidad “Factura Conformada”.

Los funcionarios intentaron justificar las operaciones alegando urgencias, necesidades de distintas áreas, falta de stock en el convenio marco y problemas de salud que habrían afectado la gestión de Padín.

Pero la relatoría del HTC fue contundente: la urgencia fue consecuencia de mala planificación, no de situaciones excepcionales.

El Astillero, de golpe en golpe

La resolución se conoce en simultáneo con otro fallo de altísimo impacto: recientemente el HTC ordenó a cuatro exfuncionarios de la gobernación de Daniel Scioli devolver 70.476.778,10 de pesos por una maniobra de contratos apócrifos que derivó en un perjuicio fiscal millonario entre 2012 y 2013.

En aquel expediente quedaron comprometidos el expresidente del Astillero, Héctor Scavuzzo, su secretario de Presidencia, el gerente General de entonces y el coordinador de sueldos. Se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más graves detectados en la historia reciente del organismo.

La coincidencia temporal de ambos fallos —uno por fraude y otro por irregularidades graves en compras— vuelve a instalar con fuerza la pregunta sobre la calidad del control interno, la cadena de responsabilidades políticas y la persistencia de prácticas irregulares en uno de los entes estatales históricamente más sensibles de la provincia.

Para el caso, el Tribunal de Cuentas dejó aprobado el balance 2023, pero aplicó sanciones y advirtió irregularidades estructurales. Padín —hoy en la Contaduría General— e Ibendahl —aún en funciones— quedaron expuestos como responsables directos.

El gobierno de Axel Kicillof deberá explicar ahora por qué trasladó a Padín a un área clave en materia de control y gasto público cuando, al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas señalaba su desempeño como irregular. (www.REALPOLITIK.com.ar)