28 de noviembre de 2025 | Municipales
“El tema del arsénico no es nuevo, es un problema muy grave tanto en San Vicente como en gran parte de la provincia de Buenos Aires”, inició Jorge Zatloukal, quien explicó que un reciente relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) volvió a encender las alarmas al detectar valores que superan los límites permitidos por el código alimentario y la ley provincial del agua.
A pesar de que el estudio fue relativizado por el propio ITBA –ya que algunas muestras dieron bien y otras mal–, el dirigente destacó que la preocupación se sostiene porque “el agua contiene arsénico, esté dentro de los límites tolerables o no, y eso es nocivo para la salud”. Según indicó, el consumo prolongado puede generar múltiples patologías: “es cancerígeno, afecta el corazón, el hígado y es especialmente grave para personas con antecedentes cardíacos, hepáticos o diabetes”.
A ello se suma la presencia de sodio: “Una persona hipertensa no puede consumir agua de la canilla”, remarcó. Y advirtió que la situación empeora para quienes dependen del agua de pozo o cuentan con cañerías antiguas cargadas de sarro y otros tóxicos.
Zatloukal recordó que en 2015 se había proyectado una planta potabilizadora para San Vicente, impulsada incluso con la participación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el Instituto Nacional del Agua (INA). Sin embargo, nunca se concretó. “Después vino el gobierno de Mauricio Macri, después la pandemia, y todo quedó en la nada”, detalló.
El dirigente reconoció predisposición del actual intendente, Nicolás Mantegazza, pero aclaró que el municipio “no es el responsable del servicio”, ya que la provisión de agua depende de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) y de programas nacionales que llevan décadas sin implementarse. Sin embargo, señaló que incluso la construcción de la planta no sería una solución total: “Solo resolvería el problema del 50 por ciento que tiene agua de red. Queda afuera la gente con agua de pozo y quienes no pueden afrontar los costos de potabilizar por su cuenta”.
Ante este panorama, las organizaciones vecinales impulsan un mapa comunitario que releve la presencia de arsénico en distintos puntos del distrito, así como un estudio epidemiológico para evaluar el impacto real en la salud: “No se analizan a los vecinos, no tenemos estadísticas ni información confiable para tomar decisiones”, cuestionó.
Por último, Zatloukal sostuvo que el abordaje del problema exige coordinación entre todos los niveles del estado. Señaló que existe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar el agua en la provincia —incluyendo San Vicente—, pero que los retrasos burocráticos y los cambios de gobierno dejaron los proyectos paralizados. “El debate es amplio: se necesitan políticas de estado y articular con el área de salud. No es discutir culpas, sino avanzar en soluciones”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)