Citan a indagatoria a Jorge D’Onofrio por cohecho en la licitación de la VTV

El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una investigación que destapó un presunto esquema de retornos multimillonarios en la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Junto a él, también deberán declarar siete empresarios que resultaron adjudicatarios del servicio, todos imputados por su presunta participación en la maniobra.

Un acuerdo ilícito para direccionar la VTV

Según el auto de mérito, al que REALPOLITIK tuvo acceso, Garganta considera acreditado —al menos de manera preliminar— que existió un acuerdo espurio entre el entonces ministro de Axel Kicillof, las siete empresas adjudicatarias y una firma interpuesta: Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (SOLUTEC), manejada por Sebastián Desio, persona de confianza del exministro.

La hipótesis es que las empresas se quedaban con la millonaria concesión a cambio de pagar retornos mensuales a través de la firma pantalla.

Casi 5.000 millones de pesos en dieciocho meses

Entre 2024 y 2025, Solutec habría recibido más de 4.995 millones de pesos netos, montos equivalentes a un “canon” informal que las adjudicatarias debían abonar: inicialmente, 3 por ciento mensual del negocio; luego, 8,5 por ciento +  IVA, pactado para extenderse durante los diez años de concesión.

El fiscal agrega un dato clave: Desio retiró del Banco Provincia de Buenos Aires prácticamente toda esa suma, luego de convertirla a dólares en operaciones sucesivas.

De acuerdo a la investigación D’Onofrio habría impuesto la obligación de contratar a Solutec. Luego, las empresas debían pagarle mensualmente, pero la firma no prestaba servicios reales: solo funcionaba como canal de recaudación. De hecho, muchas irregularidades surgieron desde el armado mismo de las oferentes.

Irregularidades “escandalosas” en la licitación

Garganta enumera una serie de anomalías que —según su criterio— revelan un acuerdo previo entre empresas y funcionarios:

- Empresas creadas días antes de la licitación, sin historial operativo.

- UTE sin inscripción en IGJ ni CUIT, pese a que era requisito excluyente.

- Sociedades inscriptas en rubros incompatibles con la VTV (seguros, transporte, mecánica).

- Inexistencia de actas de asamblea para integrar la UTE.

- El ministerio de Transporte no observó ninguna irregularidad, pese a que debía rechazar las ofertas.

Una de las UTE incluso se transformó en sociedad anónima semanas antes de que se resolviera la precalificación, un movimiento que para el fiscal resulta incompatible con cualquier proceso competitivo sano.

Camino a la asociación ilícita

El expediente avanza hoy por cohecho y negociaciones incompatibles, pero Garganta anticipó que, una vez incorporada la evidencia de la causa paralela de fotomultas —que involucra a los mismos funcionarios y empresarios—, la carátula podría reencuadrarse en asociación ilícita.

La citación a indagatoria coloca a D’Onofrio en el tramo más delicado del proceso. Si se convalida la estructura descripta por el fiscal, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la gestión de Axel Kicillof. (www.REALPOLITIK.com.ar)