2 de diciembre de 2025 | Provincia
La nueva denuncia, radicada hoy en la comisaría segunda de La Plata, se enmarca en la causa IPP Nro. 06-00-051324-25/00, en la que la Justicia ya había ordenado expresamente la prohibición de contacto directo entre el denunciante, Alberto Ramón Correa, y un grupo de dirigentes y empleados del Hipódromo de La Plata, entre ellos Alejandro Marozzi, Fabián Rivero, Nicolás Cretacotta, Miguel Prátola, Lucas Vera, Roberto Techera y Patricia Martínez.
Según consta en la declaración testimonial realizada hoy a las 18.40, Correa denunció que uno de los integrantes del grupo—Miguel Prátola—se acercó a menos de 20 metros de su domicilio, infringiendo la prohibición dictada por el juzgado de Garantías Nro. 4 de La Plata el pasado 6 de noviembre.
El testimonio agrega que el episodio ocurrió alrededor de las 15.40, cuando un equino del cuidador era llevado a correr. Un testigo presencial observó el acercamiento de Prátola, pese a que el magistrado había sido categórico al ordenar el cese del hostigamiento, la prohibición de intimidación, y la prohibición de cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, mientras dure el proceso penal.
La situación fue inmediatamente notificada a la UFIJ Nro. 3, que interviene en la investigación por desobediencia judicial.
La resolución judicial firmada el 6 de noviembre fue contundente: el fiscal Patricio Barraza había advertido que existía un “peligro cierto de que se originen nuevos hechos de la índole del investigado”, poniendo en riesgo la integridad física de Correa. La Justicia consideró “atendibles” los motivos del cuidador y dictó la perimetral para frenar las presiones, amenazas y maniobras denunciadas. Sin embargo, menos de un mes después, uno de los acusados volvió a irrumpir en su entorno, reactivando el temor y escalando el conflicto a un nivel aún más sensible.
El caso comenzó a tomar notoriedad pública el 21 de noviembre, cuando REALPOLITIK reveló la denuncia por estafa presentada por Correa contra Alejandro Marozzi, gerente General de Actividad Hípica, y Fabián Rivero, presidente de la comisión de Carreras y pareja de la funcionaria municipal Alejandra Sturzenegger.
Correa los acusó de manipular frascos testigo en controles antidoping para provocarle falsos positivos, suspenderlo, quitarle la patente de cuidador, desplazarlo de su estudio en la villa hípica y favorecer a terceros. Según sostuvo, le “clavaron cuatro doping” que no eran suyos y nunca le permitieron acceder al ADN de los animales. La denuncia también incluye presuntas maniobras de hostigamiento, intentos de desalojo, suspensión irregular de caballos y amenazas directas. La causa se encuentra radicada en el fuero federal luego de que ingresara a la Oficina de Asignación de Causas de la Cámara Federal de La Plata.
En ese marco, el Hipódromo de La Plata atraviesa una de las peores crisis institucionales de los últimos años. La administración de Mariano Cowen acumula acusaciones por irregularidades en controles antidoping, malas condiciones laborales, internas políticas, desplazamientos arbitrarios y hasta la creación de un “corralito de aplaudidores” armado durante el último Premio Dardo Rocha.
La violación de la perimetral contra Correa no solo vuelve a poner en la mira a los funcionarios involucrados, sino que expone la incapacidad del hipódromo y de los organismos provinciales para garantizar la seguridad de un denunciante protegido por la Justicia.
Ahora, la UFIJ Nro. 3 deberá ahora investigar si Prátola incurrió en desobediencia judicial, un delito que en este contexto podría agravar la situación de todo el grupo ya denunciado y protegido por una restricción expresa. Mientras tanto, el clima en el hipódromo se sigue tensando y la presión judicial comienza a cercar a una estructura de poder que, según aseguran trabajadores del turf, opera con absoluta impunidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)