14 de diciembre de 2025 | Provincia
El reciente nombramiento de Matías Fernando Ranzini como director titular del Banco de la provincia de Buenos Aires no puede leerse como un hecho aislado ni meramente administrativo. Por el contrario, se inscribe en una negociación política de alto voltaje, en la que el gobernador Axel Kicillof amplió el directorio de la banca pública para comprar voluntades legislativas y destrabar el endeudamiento provincial, aún al costo de exponer maniobras de aparentes sobornos y habilitar conflictos de interés evidentes y una alarmante zona gris entre lo público y lo privado.
Ranzini, diputado bonaerense de Zárate y hombre de extrema confianza de Cristian Ritondo, se quedó con uno de los sillones más codiciados del estado bonaerense: el directorio del BAPRO, una estructura con capacidad real de incidir en créditos, negocios financieros y decisiones estratégicas que impactan directamente sobre las finanzas de la provincia y con sueldos que pueden alcanzar cerca de los 20 millones de pesos mensuales.

Más allá del acuerdo político, el punto más delicado del caso Ranzini aparece en su actividad empresarial privada, que colisiona de manera directa con su rol como funcionario público de una entidad financiera estatal.
Ranzini figura como socio fundador de RT Consultores y Asociados SRL, una empresa cuyo objeto social resulta, como mínimo, incompatible con cualquier función de conducción en un banco público.

La sociedad fue constituida mediante contrato privado el 22 de mayo de 2020, junto a un socio incómodo: Federico Nicolás Taiano.
En su objeto social indica: “Diseñar, planificar, implementar, realizar consultoría y asesoramiento en políticas públicas y planes públicos y/o privados de inversión y desarrollo social y económico destinados a organismos públicos, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales”. Además, la empresa puede desarrollar estrategias de comunicación, campañas, estudios de opinión pública y asesoramiento para organismos públicos.
En otras palabras: Ranzini es socio de una empresa privada que declara trabajar con organismos públicos, mientras que hace años que salta de cargo en cargo hasta incluso el día de hoy, con un puesto estratégico en la principal entidad financiera del estado provincial.
El principio es elemental: nadie puede estar de los dos lados del mostrador. Mucho menos en un banco público que financia políticas, municipios y empresas.
El conflicto se agrava al observar quién es el socio de Ranzini. Federico Nicolás Taiano no es un empresario ajeno a la política: es el hijo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo causas de alto impacto institucional, entre ellas una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Cristian Ritondo.

Federico Taiano acumula un largo recorrido por organismos públicos. Entre 2017 y 2019 trabajó en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita directa de Ritondo. Luego percibió contratos en la municipalidad de Escobar, para luego pasar por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y, finalmente, recalar en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en 2024.

A la par de ese recorrido estatal, Taiano no solo fue socio de Matías Ranzini sino también de Matías Pantanali, ahijado político de Ritondo. Incluso llegó a replicar la sociedad local mencionada previamente con una firma en Estados Unidos, RT Strategies LLC, registrada en Delaware y luego en Washington DC.
El recorrido político de Ranzini muestra una continuidad absoluta dentro del ritondismo: fu subsecretario de Asuntos Institucionales del ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, diputado provincial desde 2017, jefe del bloque Pro en la cámara baja, candidato migrante entre secciones electorales y director de empresas con participación municipal, como Costanera Zárate SAPEM, representando acciones de la municipalidad.


Ahora, ese recorrido desemboca en el Banco Provincia, una institución que debería estar blindada frente a intereses partidarios y privados.
El nombramiento de Ranzini expone una lógica conocida en la política bonaerense: cargos clave a cambio de votos, aún cuando ello implique comprometer estándares básicos de ética pública.
La pregunta no es solo política, sino institucional: ¿Puede un director del Banco Provincia ser socio de una empresa que declara trabajar con organismos públicos? ¿Puede el gobernador hacer uso de cargos públicos para comprar voluntades en nombre de la “gobernabilidad”? ¿Quién controla los conflictos de interés en la banca pública?
En ese escenario, el nombre de Matías Ranzini no aparece como una excepción, sino como síntoma de un sistema donde los límites entre lo ético y lo público y lo privado se vuelven cada vez más difusos. (www.REALPOLITIK.com.ar)