Un experto de la ONU denuncia una “perversión judicial” que sacude al sistema judicial paraguayo

El denominado Caso Arámbulo, que investiga el hurto agravado contra el periodista argentino Nicolás C. Morás, ya no es solo una causa penal local. Escaló a nivel internacional y ahora suma una condena lapidaria desde las Naciones Unidas.

El diplomático colombiano Omar Bula Escobar, experto de la ONU con más de 20 años de trayectoria internacional, calificó el expediente como una “perversión judicial”, al advertir una acumulación de irregularidades escandalosas que, según afirmó, ponen en duda el Estado de derecho en Paraguay.

La causa tiene como imputada a la abogada Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, acusada de sustraer una suma millonaria a su ex pareja, el periodista Nicolás Morás. El caso comenzó a tomar notoriedad pública cuando, apenas 24 horas después de emitirse una orden de captura, Arámbulo salió del país rumbo a Roma, pese a que la resolución ya figuraba en el sistema de la Policía Nacional.

Desde Europa, la imputada publicó imágenes de un viaje de lujo, mientras en Paraguay se desarrollaba un episodio aún más controvertido: la misma magistrada que había ordenado su captura, la jueza Ana María Esquivel, del Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré, levantó la orden basándose en un informe de su ujier, Evelyn Brítez.

Según ese informe, la funcionaria no habría podido notificar a Arámbulo por “falta del expediente físico”. Sin embargo, el sistema judicial ya está completamente digitalizado, contradicción que la propia ujier debió admitir en un segundo escrito. Este hecho derivó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes, presentada por la abogada del periodista, Noelia Quintana Shaffer.

Lejos de aclararse, la situación se agravó. Tras su regreso al país, Arámbulo obtuvo libertad ambulatoria, nuevamente concedida por la jueza Esquivel, pese a que la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria y la querella pidió prisión preventiva, alegando riesgo concreto de fuga.

La caución presentada por la imputada y su defensor, el abogado Fermín Bogado, también fue duramente cuestionada. De acuerdo al equipo legal de Morás, incluiría documentación tributaria vencida y la escritura de un vehículo perteneciente a una persona adulta mayor, sin constancia de consentimiento.

En paralelo, la defensa del periodista aseguró contar con pruebas contundentes, entre ellas confesiones grabadas, donde la imputada habría admitido haber usado guantes de enfermería para no dejar huellas y haber revisado el domicilio para encontrar la caja de seguridad y su llave.

Morás denunció públicamente sentirse “amordazado judicialmente”, pese a ser el denunciante y no estar imputado. Un fragmento de sus declaraciones se viralizó en redes sociales, superando las 200.000 visualizaciones en Instagram.

El caso también fue abordado por el diario estadounidense La Opinión, en un artículo firmado por Guadalupe Correa Cabrera, investigadora vinculada al Gobierno de Estados Unidos y consultora del Banco Mundial. Allí se mencionan presuntas redes de influencias políticas alrededor de Arámbulo y Bogado, ambos militantes de la ANR.

La investigadora también alertó sobre un intento de silenciar al periodista, señalando que la jueza de Paz de la Recoleta, Elvira Margarita Franco, abrió una causa por desacato contra Morás por leer en YouTube la cobertura periodística del caso. Franco ya había sido sancionada por la Corte Suprema en 2023, acumulando 11 antecedentes similares.

Desde Washington D.C., Correa Cabrera aseguró que “la Casa Blanca sigue de cerca las redes de corrupción judicial y policial vinculadas al caso Arámbulo”. Días después, Paraguay quedó excluido de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y América Latina, decisión que reavivó las suspicacias.

El 18 de noviembre, Quintana Shaffer presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, luego de que la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo confirmara el fallo cuestionado y evitara pronunciarse sobre la validez de la caución.

A esto se sumaron versiones sobre una reunión irregular entre el camarista Dionisio Frutos Serrati, la imputada y la esposa de un funcionario público, hecho que, de confirmarse, sería ilegal. El abogado y periodista Nicolás Martínez Lage aseguró que fuentes judiciales ratificaron el encuentro.

Consultado sobre el caso, Omar Bula Escobar fue categórico:

“Me indigna el nivel de impunidad, negligencia y perversión judicial que sufre este caso. No solo revictimiza al periodista Nicolás Morás, sino que pone en tela de juicio el Estado de derecho en Paraguay”, sentenció.

El recurso de casación quedó en manos del ministro de la Corte Suprema, Luis María Benítez Riera, quien deberá expedirse como preopinante en una causa que ya excedió lo judicial y se convirtió en un escándalo institucional con impacto internacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)