Las pensiones por discapacidad y otra marcha atrás del gobierno, que continúa improvisando

La historia de la decisión de cortar las pensiones no contributivas por discapacidad, la reacción de la gente, la deliberación ante el fracaso y la marcha atrás en la estrategia, deja suficiente tela para cortar como para publicar no uno, sino una serie de artículos periodísticos al respecto.

El quid de la cuestión es que el gobierno, basado en lo que ya pareciera ser su máxima “Ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes”, volvió a tomar una mala decisión. Intentó sostenerla tercamente como lo haría un niño encaprichado y, cuando las marchas y protestas a lo largo y ancho del país le abrieron los ojos, se replegó sobre sus pasos y anuló su propia orden, en un claro gesto de improvisación en el liderazgo.

Tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri, como su gobernadora María Eugenia Vidal, auguraron un vendaval de dinero que caería desde el cielo en forma de inversiones multimillonarias de empresas multinacionales que, simplemente, no podrían negarse a invertir en un país tan confiable como la Argentina. Hoy, con las cartas sobre la mesa y numerosas misiones al extranjero encima, podemos asegurar que nada de eso ha pasado. El país y la provincia de Buenos Aires se siguen financiando con las mismas dos vías que desde hace dos años: endeudando al Estado y tomando el dinero de los que menos tienen.

En este caso, fueron algo menos de 170 mil personas que recibían un promedio de 4.700 pesos en promedio por discapacidad las que pagaron el pato. Estas personas son, a entender del gobierno de Cambiemos, “la pesada herencia”. La brutalidad del ajuste implicó que se considere que una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho a recibir este tipo de ayudas estatales.

La enorme mayoría de los perjudicados se dieron cuenta que habían perdido el beneficio cuando fueron a cobrarlo y notaron que las arcas del banco, para ellos, estaban vacías. El nivel de improvisación de las autoridades de Cambiemos es tan grande, que en lo intempestivo de la decisión se llevaron puesta a la ley. Porque existe una Ley de Procedimiento Administrativo que rige en estos casos, que expresa que se debe notificar debidamente a una persona y luego el Estado está obligado a darle la oportunidad de producir pruebas y demostrar cuáles son sus gastos. Y aunque no existiese dicha ley, existe el sentido común, el razonamiento humano, el simple sentido de humanidad. Nada de esto estuvo presente en la mente del presidente cuando firmó su deplorable orden.  

A las marchas y protestas a nivel nacional y provincial, se sumó la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que expresó su repudio y preocupación frente a la decisión tomada por el gobierno.

A través de un proyecto de declaración elaborado por la titular de la bancada, Magdalena Sierra, los senadores del FPV PJ resaltaron que “es importante que se reconsideren los requisitos para acceder a la pensión". "Las pensiones no contributivas fueron pensadas para atender a las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar", explicaron.

En ese marco, advirtieron que las bajas realizadas desde hace un año y medio, "en la mayoría de los casos fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión".

La historia terminó como han terminado hasta ahora la mayoría de las iniciativas tomadas por Mauricio Macri o María Eugenia Vidal: con el arrepentimiento y la marcha atrás. A las apuradas y tropezando con las palabras, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que “aquellos que, por un error de aplicación de criterio, se hayan quedado sin cobrar la pensión este último mes, volverán a cobrarlo. Queremos llevar tranquilidad a las familias. Hay un millón y medio de familias que reciben esta pensión, y la van a seguir recibiendo”.

La reacción de la sociedad pareciera haber sido agridulce. Por un lado, el alivio de saber que las familias afectadas volverán a cobrar una pensión que, aunque insuficiente, les corresponde de pleno derecho; y por el otro, el sabor amargo de la decepción ante un gobierno que no cesa en la improvisación, el prueba y el error, y la indefinición ante los problemas más acuciantes de los argentinos. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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