Amenazados por el gobierno, agentes del Servicio Penitenciario protestaron en Gobernación

Reclaman contra la ejecución de sumarios, despidos y traslados indiscriminados. La medida afecta tanto a los agentes de seguridad como de salud. El viernes pasado, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense enviaron un comunicado donde advertían al personal que no tienen permitido hacer manifestaciones y peticiones colectivas.

A pesar del "recordatorio", distintos profesionales de salud del SPB se reunieron este lunes por la mañana en la puerta de Gobernación para exigir una respuesta ante los sumarios administrativos y traslados injustificados por parte de la administración. Pese a la insistencia de los medios, fueron muy pocos los que se animaron a hablar, ya que al regirlos el decreto Ley 9578/80 (firmado en la dictadura) están impedidos de hacer reclamos gremiales -algo que sería "pasar por arriba" la estructura jerárquica del Servicio- y hasta podrían perder su puesto de trabajo.

Doscientos médicos, enfermeros, odontólogos, administrativos, licenciados en psicología, trabajadores sociales, ayudantes terapéuticos, bioquímicos y personal de saneamiento ambiental se suman al reclamo ya iniciado de los agentes de seguridad, de los cuales 1.200 fueron apartados y muchos se encuentran acampando en la puerta de la Casa de Gobierno desde la semana pasada.

"De buenas a primeras, y de manera masiva, se han hecho sumarios indiscriminados. Entendemos que el Servicio venía mal gestionado, mal organizado, pero no es culpa nuestra ni de los trabajadores que pase esto. Han sumariado incluso a gente que está muerta", contó a REALPOLITIK Alejandro, un médico de guardia que atiende detenidos de varias unidades penales y hasta personal del SPB.

En tal sentido cuestionó que los traslados sean injustificados, aun entendiendo que se necesite personal en otras unidades. Según indicaron varios profesionales, se dispusieron traslados que superan los 300 o 400 kilómetros de distancia. "Con el mismo sueldo y aun con otros trabajos -que muchos, por suerte, tenemos- resulta muy difícil solventar el viaje", explicó Alejandro. Cabe destacar que gran parte de los sumariados y trasladados en el área de salud cuenta con otro empleo -ya sea en un hospital público, privado o consultorios- pero no es el caso de los agentes de seguridad. 

Los profesionales de salud que conversaron con este medio coincidieron en que las condiciones de trabajo -más allá de los reclamos puntuales- son muy malas desde hace años. "Noté un cambio grande hace más o menos cinco años, todo empezó a ir en decadencia. Antes se trabajaba un poco mejor. Evidentemente no tiene que ver con el cambio de gestión, viene mal desde hace rato. Se viene vapuleando a la salud, tanto en el sistema penitenciario como en los hospitales públicos", añadió el médico. 

Según comentó, muchos médicos terminan llevando insumos y medicación para los internos ya que en las unidades no hay. De hecho, es moneda corriente el traslado de detenidos –a veces en condiciones muy graves- en ambulancias que carecen de oxígeno y medicamentos, algo que podría valerles como mínimo una sanción.

Los médicos y agentes de seguridad piden que el SPB estudie caso por caso los despidos. Diego Ontivero, abogado patrocinante y también cesanteado, presentó un petitorio en Gobernación exigiendo que se reincorpore a los trabajadores echados "de manera ilegal y arbitraria" hasta tanto se resuelva la situación de fondo. "Estamos convencidos -y es evidente- que es una cuestión política", remarcó el letrado, quien esta mañana adelantó que se tratará caso por caso en la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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