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29 de octubre de 2017 | Política de medios

Informe REALPOLITIK

Kirchnerismo a la Justicia: ¿El que sigue es Amado Boudou?

En comparación con la espectacularidad de los delitos de sus compañeros, los 80 mil dólares de Amado Boudou resultan casi una insignificancia. El quid del asunto es, no obstante, la acumulación de causas contra el ex vicepresidente de la Nación.

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La detención de Julio de Vido fue seguida en vivo y en directo por gran parte de la población nacional. Lo exagerado y cinematográfico del operativo fue, posiblemente, innecesario. Se utilizaron 45 gendarmes que rodearon la manzana y al Grupo Alacrán, que ingresó al edificio con chalecos antibala y ametralladoras para detener a un hombre de 67 años que esperaba sentado en la cocina de su departamento, sin más armas que un mate amargo y un cuarto de bizcochitos de grasa que su mujer había comprado esa mañana. En la vereda esperaba un verdadero ejército de medios de comunicación y un improvisado grupo de vecinas que, en un émulo de los cacerolazos del 2001/2002, se asomaban por la ventana de sus vehículos para tocar bocina y aplaudir al ritmo del ya conocido: “Sí-se-puede”.

El arquitecto, diputado desafuerado y ex ministro nacional Julio de Vido se une así al selecto grupo de dirigentes de la gestión kirchnerista que pasaron de ocupar plazas en aviones privados a oscuras celdas en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Al igual que Ricardo Jaime; Julio López y Lázaro Báez, Julio de Vido sufrirá el cambio que implica dejar de compartir sus días de semana con una atractiva secretaria para comenzar a hacerlo con un colorido grupo de presidiarios del penal de Ezeiza.

El protagonismo de su encarcelamiento le quitó espacio a otro proceso que, de manera paralela, se desenvuelve en los juzgados federales. Esta semana pasó desapercibido el pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, que ordenó que el ex vicepresidente Amado Boudou justifique, de manera inmediata, el origen de un lujoso departamento comprado a su ex novia Agustina Kampfer; un cambio de 80 mil dólares e incrementos patrimoniales aparentemente injustificables de su socio y supuesto testaferro, José María Núñez Carmona.

Comparado con los miles de millones de dólares que administró fraudulentamente Julio de Vido, con las más de dos mil propiedades de Lázaro Báez, con los yates de Ricardo Jaime y los bolsos de Julio López, los 80 mil dólares de Amado Boudou resultan casi una insignificancia. El quid del asunto es, no obstante, la acumulación de causas contra el ex vicepresidente de la Nación.

En el controvertido caso Ciccone, el ex vicepresidente fue acusado de comprar, a través de su testaferro Alejandro Vanderbroele, a la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir papel moneda, con el objetivo de hacer negocios con el Estado del que era parte.

En otro caso escandaloso, Amado Boudou se unió a Julio de Vido para otorgar 24 millones de pesos a una empresa del Partido de la Costa con el objetivo de crear viviendas sociales. 48 horas después de recibir el pago, la empresa entró en convocatoria de acreedores y no se supo más nada de los millones ni de las viviendas. Al día de la fecha, el juez Ariel Lijo investiga las múltiples conexiones entre ambos funcionarios y la empresa fantasma.

El en 2012 fue procesado e imputado por malversación de fondos durante su gestión como director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En el 2016 fue procesado por un supuesto soborno pagado por el gobierno de Formosa a un testaferro suyo a cambio de la refinanciación de la deuda provincial. El juez interviniente contó los entretelones del escándalo: “Amado Boudou, junto a Alejandro Vanderbroele y José María Núñez Carmona, utilizaron una firma de su propiedad llamada The Old Fund para firmar un contrato de consultoría irregular e ilegal con el fondo Fonfipro. Mediante ese convenio simularon un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, que ya había sido negociada por un acuerdo firmado entre el anterior ministro de Economía Carlos Fernández y el gobernador Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera al frente del Palacio de Hacienda. El objetivo de la contratación entre The Old Fund y el Fonfipro habría sido el cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.

Como si del veneno con el que asesinaron a Napoleón Bonaparte se tratara, es la acumulación la clave para que surja efecto en la Justicia. Según el fiscal interviniente en la causa por enriquecimiento ilícito, “Se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas".

Al igual que ocurrió con sus ex compañeros, las puertas comienzan a cerrarse. Los que antaño fueron fieles compañeros, dispuestos a ir a la peor de las guerras con tal de defender la “Causa K”, ahora se esconden bajo sus bancas del Congreso, rezando padrenuestros y rogando para que en la siempre cambiante ruleta de la Justicia, no salga elegido su número. (www.REALPOLITIK.com.ar)

 


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