Denuncian “pacto político” para cubrir al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello

El jurado de enjuiciamiento resolvió por mayoría no abrir el juicio político contra Fabián Uriel Fernández Garello, actual fiscal general de Mar del Plata, sobre cuyas espaldas pesan imputaciones por crímenes de lesa humanidad y el haber intentado ocultar su pasado como agente de la dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar que asoló al país.

Desde la sede platense de la Comisión por la Memoria, afirmaron que la decisión de los legisladores de no proceder con el juicio político “está basada en argumentos formales, dejando de lado las cuestiones más importantes, como los delitos de lesa humanidad que se le imputan a Fernández Garello”. La decisión de desestimar dicho pedido fue tomada por representantes de Cambiemos y de los legisladores del Frente Renovador Hernán Albisu y Lisandro Bonelli.

De este modo, el tribunal archivará las actuaciones que pesan sobre Fernández Garello. Acorde al escrito presentado, los legisladores afirmaron “no haber sido notificados por la jueza Sandra Arroyo Salgado de las imputaciones del fiscal general, por lo que desconocemos el llamado a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad para el próximo 13 de diciembre”.

Los conjueces abogados Leandro Adolfo Matilla y Eduardo Carlos Zimmermann votaron en minoría manifestando que “los elementos obrantes en la causa sí cumplimentan los requisitos del art. 26 de la ley de Enjuiciamiento y que, por lo tanto, debía darse inicio al sumario”.

De este modo, sostiene la Comisión para la Memoria “se cierra la posibilidad de investigar la actuación de un funcionario judicial que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, y da lugar a un pacto político de impunidad”.

Fernández Garello omitió en su declaración jurada al asumir como fiscal General de Mar del Plata su pasado dentro de la dirección de Inteligencia, lo cual implica otro delito en sí mismo. “Esta decisión formalista y regresiva atenta contra los principios republicanos de transparencia y democratización de la justicia, y da cuenta de una escasa voluntad política de transformación de las instituciones y de lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones políticas y judiciales”, concluyó la Comisión por la Memoria. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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