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Provincia
El presupuesto 2018 aprobado por la gobernadora marca un antes y un después en la relación entre el oficialismo y el sector agropecuario bonaerense. A pocos días del triunfo en las urnas de Cambiemos, el borrador de la partida presupuestaria para el próximo año incluía un incremento del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural.
El presupuesto 2018 aprobado por la gobernadora María Eugenia Vidal marca un antes y un después en la relación entre el oficialismo y el sector agropecuario bonaerense. A pocos días del triunfo en las urnas de Cambiemos, en donde el interior productivo de la provincia acompañó de manera masiva a la gobernadora, el borrador de la partida presupuestaria para el próximo año incluía un incremento del 50 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural.
Desde el minuto cero, la Confederación de Asociaciones Rurales de La Pampa (CARBAP) se puso manos a la obra para tratar de impedir esta suba que consideran excesiva. Pero tras mantener encuentros con funcionarios, entre ellos el ministro de Economía Hernán Lacunza, un paranoico obsesionado con “ajustar”, los días pasaban y la suba de este impuesto se visualizaba cada vez más concreta.
Durante este período dos cuestiones quedaron bien claras. Por un lado, los productores no tenían problemas para absorber un incremento en ese impuesto, pero no de esa magnitud. En el otro rincón, Lacunza dejó bien claro que no resignaría un peso en su objetivo mayor, que es no descuidar los ingresos fiscales.
Durante finales de 2016 y buena parte de 2017, el clima jugó su partido en la producción agropecuaria de Buenos Aires. Millones de hectáreas quedaron afectadas de manera directa e indirecta por los excesos hídricos, cayó el área de siembra en cultivos como trigo y soja y se perdieron miles de cabezas de ganado.
En este contexto, Vidal demoró durante meses la firma de las emergencias agropecuarias, situación que irritó a los productores. Y sobre el filo del año, se conoció una decisión como mínimo polémica: desde el ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, encabezado por Leonardo Sarquis, se enviaron cartas a unos diez distritos del noroeste bonaerense, en donde les pedían varios requisitos para acceder a la emergencia agropecuaria. Pasando en limpio, Vidal intenta ahorrar los 1.000 millones de pesos que significarían pagar todos los pedidos, y busca una manera de depurar este listado.
Como era previsible, la reforma impositiva pasó por la Legislatura sin mayores sobresaltos, y de esta manera, los productores agropecuarios recibirán en el primer trimestre de 2018 las facturas de ARBA con el correspondiente aumento. ¿Cuál fue la reacción de la dirigencia gremial del agro en Buenos Aires? Si bien siempre sobrevoló la posibilidad de una medida de fuerza mayor, apostaron a seguir con el diálogo.
En su fuero íntimo, el sector agropecuario se siente algo defraudado con la dirigencia política, porque acompañaron dos veces con el voto (en las presidenciales primero y en las legislativas después) pero ven que su apoyo no tiene una devolución en políticas del sector. Y los dirigentes rurales deben hacer malabares, porque por un lado deben contener a sus cada vez más molestas bases, y por el otro saben que al menos por ahora no están en condiciones de confrontar públicamente con Vidal, una de las figuras políticas con mejor imagen a nivel nacional.
Con el incremento impositivo aprobado, los dirigentes rurales advirtieron que esta situación se trasladaría a los intendentes, que buscarían -de manera previsible- un aumento de las tasas viales. El primer caso se registró sobre finales de noviembre, cuando el municipio de Bolívar anunció una suba del 50 por ciento en este concepto.
Tras una sesión caliente en el Concejo Deliberante, en donde los productores agropecuarios de la zona se dieron cita, las autoridades tuvieron que dar marcha atrás. Si bien este tema se retomará a mediados de año, es una muestra del hartazgo del sector agropecuario bonaerense frente a la voracidad fiscal del gobierno.
En Balcarce, la Sociedad Rural envío en estos días una carta al intendente Esteban Reino, que busca aplicar un aumento cercano al 40 por ciento en la tasa vial. Los ruralistas dejaron bien claro su disconformidad, y deslizaron que el apoyo a este modelo político no es eterno.
A nivel nacional, una de las entidades más críticas con el accionar de las políticas agropecuarias, tanto a nivel nacional como en Buenos Aires, es Confederaciones Rurales Argentinas. Su titular Dardo Chiesa no ahorra munición para analizar las políticas agropecuarias del presidente Mauricio Macri y la gobernadora Vidal. En una editorial reciente, el directivo confederado declamó que al sector agropecuario no le queda otra opción que entrar “en rumbo de colisión”.
Queda claro que para la gestión bonaerense, una de las prioridades es que el flujo de las arcas fiscales no cese, aún a riesgo de poner a prueba la paciencia del sector agropecuario, mientras las entidades gremiales del sector guardan un silencio prudente y definen sus líneas de acción para 2018. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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