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30 de diciembre de 2017 | Municipales

LA PLATA | Panorama REALPOLITIK

La Plata: Denunciaron a Guadalupe Labernia, titular de Habilitaciones, por estafa y “exacciones ilegales”

La denuncia la presentaron Jorge Fabián Carrizo y Romina Riva, ambos choferes, quienes luego de vivir en carne propia el “apriete” al que Guadalupe Labernia sometía a los propietarios de taxis y remises, dieron con una extensa red delictiva que ya lleva más de cien damnificados en su haber.

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La denuncia la presentaron Jorge Fabián Carrizo y Romina Riva, ambos choferes, quienes luego de vivir en carne propia el “apriete” al que Guadalupe Labernia sometía a los propietarios de taxis y remises, dieron con una extensa red delictiva que ya lleva más de cien damnificados en su haber. 

El problema estalló el pasado 14 de diciembre, cuando Carrizo y Riva se presentaron en la dirección de Habilitaciones de Taxis y Remises, perteneciente al área de Administración y Licencias de Conducir a cargo de Guadalupe Labernia, con el objetivo de llevar a cabo el control de rigor en seguridad e higiene para sus vehículos. Acorde a lo que habían consultado previamente en un llamado telefónico, llevaron con ellos la documentación correspondiente. 

Una vez finalizada la inspección por parte de dos inspectores del predio, se aprobaron ambos vehículos. Acto seguido, los dos agentes firmaron las tarjetas de Carrizo y Riva, sellando de este modo que las desinfecciones habían sido realizadas y aprobadas. 

No obstante, en un acto claramente ensayado con anterioridad, en aquel momento apareció la titular del lugar, Guadalupe Labernia, y les demandó ver las tarjetas. Al tenerlas en su poder, aseguró que las firmas “eran truchas” y les dijo que debían volver a pagar por sus inspecciones. 

Al consultar con los choferes de otras unidades, se enteraron que los damnificados era más de cien, y que en todos los casos se había procedido siguiendo el mismo modus operandi: la masiva estafa económica se erguía bajo la amenaza de que “si no pagan, no les aprobamos los papeles y no pueden trabajar”. 

En la denuncia, el abogado de los damnificados explicó que “la exacción implica exigir el pago de una multa o un impuesto en nombre del estado lo que, en la mayoría de los casos, es legal. Pero en algunos casos aparecen delincuentes que exigen lo que no es debido y la entrega del dinero se produce en virtud del temor generado por este malviviente, que suele ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones”. La pena por dicho delito es de entre uno y cuatro años de prisión efectiva más cinco años de inhabilitación especial. 

En estos casos, los funcionarios suelen hacer creer a sus víctimas que el dinero es para las arcas del estado, pero en realidad el destino del cobro ilegal no es otro que el de sus propios bolsillos. 

Acorde a lo solicitado por el abogado de los damnificados, se procederá a reconocer las firmas de los inspectores Damián Cavanilla, Juan Pablo Díaz Subils, Valentín Fiore y Juan Carlos Araujo con un perito calígrafo. A su vez, se pidió el allanamiento del inmueble municipal para el secuestro de las actas de infracción fraudulentas y la posible comisión de delitos en plena fragancia.

RESPUESTA OFICIAL

Desde la municipalidad de La Plata se aclaró que la dirección de Habilitaciones de Taxis, Remises y Transportes Escolares, funciona con el objetivo de corroborar la regularidad y el cumplimiento de las medidas necesarias para que los vehículos puedan circular transportando pasajeros en la ciudad. En ese sentido, se detalló que el área no tiene bajo sus tareas, ninguna responsabilidad relacionada a cobros, multas o manejos de dinero, sino que es un órgano de contralor que verifica las condiciones del transporte público con el objetivo final de evitar situaciones que puedan atentar contra la tranquilidad y seguridad de los usuarios.

Al respecto, fuentes oficiales explicaron que al momento del reempadronamiento de los remises, los propietarios deben presentar el registro de las desinfecciones bimensuales que exige el municipio. En ese proceso, se advirtieron diversos casos en los que las firmas plasmadas en las tarjetas de cada vehículo, no se corroboraban con los listados oficiales. Ante dicha irregularidad, el Juzgado de Faltas determina si se trata de una contravención y, en ese caso, los propietarios tienen la posibilidad de presentar descargas si consideran que el proceso realizado cumple los requisitos. (www.REALPOLITIK.com.ar


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