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31 de diciembre de 2017 | Política de medios

Informe REALPOLITIK

La ola masiva de despidos en la provincia de Buenos Aires recién ha comenzado

Resulta cruelmente irónico que, en la semana de las navidades y el fin de año, haya más de diez mil familias en la provincia de Buenos Aires que, al chocar las copas el 31 a la medianoche, escuchen el ruido sordo del desempleo.

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Resulta cruelmente irónico que, en la semana de las navidades y el fin de año, haya más de diez mil familias en la provincia de Buenos Aires que, al chocar las copas el 31 a la medianoche, escuchen el ruido sordo del desempleo.

La “reestructuración” que ensaya el estado provincial pareciera estar dándose de forma desprolija y, por momentos, feroz e inhumana. Sólo esta semana, 190 familias quedaron desafectadas de la Unidad Ejecutora Provincial, 20 del Centro de Asistencia a las Víctimas, 100 en el Hipódromo de La Plata, 60 en el ministerio de Producción, 24 en el de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 150 en el de Modernización, unos dos mil en diferentes esferas de la administración pública, cooperativas y centros comunales, que se suman a los 7 mil docentes que, acorde a Suteba, se quedaron sin contrato antes de finalizar el año.

Las decisiones se cimientan en la lectura más estricta de la ley y el criterio empresarial aprendido en universidades privadas y en las modernas oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde provienen la mayoría de los funcionarios bonaerenses. Por ejemplo, si la ley no contempla la otorgación de horas extras, entonces deben suspenderse todas inmediatamente. Es que, si la letra no lo explicita, ¿por qué el Estado habría de otorgarlas? No obstante la lógica apabullante de tal razonamiento, cuesta entender la frialdad y la crueldad con la que se aplican las quitas.

El Estado, a lo largo de la historia argentina, ha cumplido, para mal o para bien, un rol social al cobijar bajo su ala a una enorme cantidad de ciudadanos que, de otro modo, quedarían sin empleo. Esto ha provocado que la estructura estatal sea tremendamente deficitaria y que no sean pocos los que proponen su achicamiento. No obstante ello, resulta imperioso comprender que el Estado debe contener a la sociedad y no arrojarla, de un momento para el otro, a las fauces del desempleo. ¿Cómo explicarle a un obrero que dedicó toda su vida útil a trabajar en la pista del Hipódromo de La Plata, que acaba de quedarse sin empleo? ¿Qué se supone que va a hacer? ¿Qué tiene para ofrecerle a un potencial empleador?

La crueldad de las medidas se magnifica bajo la luz de la creciente corrupción provincial. Mientras los trabajadores se quedan en la calle, Gustavo Ferrari hace acuerdos por más de mil millones de pesos con su amigo personal Víctor Lusardi, Fernando Rozas, titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, compra mochilas de 174 pesos por más de 1.500 pesos cada una para devolverle un favor de 10 millones de pesos a un amigo, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, gasta 1,5 millones en un catering y los integrantes del directorio de OCEBA gastan 343 mil pesos en café, por solo mencionar un pequeño porcentaje de las irregularidades que ocurren a diario en la provincia.

Esa desigualdad, tan repetitiva en la historia política nacional, es lo que resulta intolerable para la sociedad. La idea cada vez más evidente, independientemente del gobierno de turno, de que somos todos decentes hasta que nos vemos en una posición de poder, y entonces aflora la raíz putrefacta de la corrupción de la que nadie pareciera quedar exento. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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