
Gremiales
Aquellos que le tomaron la palabra a Pablo Villarreal, asesor del director de la recientemente disuelta UEP, Diego Taurizano, se llevaron una ingrata sorpresa cuando, a menos de 24 horas de que les asegure que el organismo no se desintegraría y todos conservarían sus trabajos, recibieron la noticia de que las oficinas ya no existían...
Aquellos que le tomaron la palabra a Pablo Villarreal, asesor del director de la recientemente disuelta Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Diego Taurizano, se llevaron una ingrata sorpresa cuando, a menos de 24 horas de que les asegure que el organismo no se desintegraría y todos conservarían sus trabajos, recibieron la noticia de que las oficinas ya no existían y que habían quedado sin sus contratos.
“En números definitivos, desafectaron a un número de empleados que fluctúa entre 135 y 190 personas, y se reasignó a 245 trabajadores aproximadamente”, aseguró uno de los abogados que llevan adelante las negociaciones de los despedidos y reacomodados con las autoridades provinciales.
En líneas generales, la relocalización de los contratos sigue una lógica cruel que coloca a los trabajadores en una situación sumamente incómoda. Ante la amenaza de quedarse sin nada si no firman, se les ofrece una renovación por el lapso de un año. No obstante, la oferta esconde una trampa. Uno de los artículos menciona que dichos documentos se hayan sujetos a la ley de Emergencia de la provincia de Buenos Aires, que vence en mayo. “A ciencia cierta, nadie sabe cuál será su futuro de acá a junio. Si cae la ley, los acuerdos se caen también. De este modo, la continuidad laboral está atada a la renovación o no de dicha normativa”.
Las complicaciones no terminan allí. Además, deben resolver la situación con IOMA, que al haberse disuelto la Unidad Ejecutora Provincial entendió que ya no pueden ser parte de su cobertura y los dio de baja. De este modo, quien quiera conservar su cobertura social tiene sesenta días para acercarse a IOMA y tramitar la afiliación voluntaria. “Esto es terriblemente cruel. Hoy por hoy, IOMA está colapsado y hay una lista de espera para ser aceptados como voluntarios. Hay personas embarazadas, enfermas o con familiares a cargo que quedan sin obra social debido a esta medida del gobierno provincial”, explicó la abogada a cargo del trámite.
Una trabajadora, que salía de firmar el contrato con una copia en la mano, lo leyó frente a los que aun esperaban afuera: “Es la misma plata, por un año más. Sin aumentos ni aguinaldo. No nos respetan la antigüedad y dicen que no contempla ningunas vacaciones, que tenés que arreglarlas con el jefe que te toque en suerte. Es un trabajo precarizado por donde lo mires”.
Se vislumbran, además, nuevos problemas con respecto a la jornada laboral: “Nos habían asegurado que se conservaban las condiciones de la ley 10.430. Sin embargo, cuando leemos la letra chica del contrato nos damos cuenta que eso no se respeta”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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