¿Y ahora? En el Patronato de Liberados, casi todos son parientes o vienen de la gestión Scioli

La mañana en que se publicó el decreto a partir del cual el presidente Mauricio Macri prohíbe la designación de familiares dentro de la Administración Pública Nacional debe haber sido una bastante movida dentro del edificio del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es que si bien la medida, en principio, afectaba sólo al ámbito nacional, era cuestión de horas para que María Eugenia Vidal la aplique en el territorio bonaerense.

El Patronato de Liberados se erige como un claro ejemplo del porqué de la necesidad de este decreto y su correspondiente aplicación. De los que se sientan en “la mesa chica” del mismo, todos son familiares o en su defecto dirigentes “atornillados” a sus sillones, cumpliendo el mismo rol desde hace, por lo menos, 8 años. En este caso, el ejercicio inmediato de la decisión de María Eugenia Vidal posee un carácter de urgencia que promete separar a la política de Estado del marketing político.

Esposos/as, hermanas/os, sobrino/as, primos/as designados a dedo y sin mayores antecedentes en la materia que les toca dirimir, sin una perspectiva política o estadística que escape al tan recurrido “familiar de”. De todo esto pareciera estar pletórico el organismo en cuestión.

Resulta por momentos confuso comprender la falta de recambio dentro de la dependencia provincial. Más aun cuando se pone sobre la mesa la reciente presentación del Tablero de Control de la Administración Provincial que presentó la gobernadora, ocasión en la que quedó claro que no está conforme con el funcionamiento del Patronato de Liberados.

Sin ir más lejos fue el propio Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, quien en una conversación con el periodista Jorge Lanata admitió que “el Patronato es un absoluto fracaso. No se llegan a realizar los informes ambientales o de conducta, ni siquiera se llega a determinar si el reo está en condiciones de quedar en libertad”.

En un repaso por la “mesa chica”, encontramos que el presidente del organismo, el contador Carlos Barbagallo, fue a su vez funcionario de Daniel Scioli, tanto en el Patronato como en el ministerio de Justicia, a quien le jura lealtad absoluta. Jerónimo Arena, director provincial de la Unidad Presidencia, también profesa la misma lealtad con el ex gobernador, con quien fue director de Estrategias Comunicacionales y de Ejecución Penal.

Además, junto a él trabaja su esposa María Ximena Lorenzo, en pleno contraste con el decreto presidencial, quien a su vez también arrastra su salario desde la gestión kirchnerista. Lo mismo sucede con Cristian Leguizamón y Hernán Payeras, directores de la dirección provincial de Regiones y de la dirección provincial Técnico Administrativa respectivamente, quienes han apoyado abiertamente a Daniel Scioli.

Dina Rossi, asesora del presidente del Patronato es la hermana de Rocio Rossi, directora de Coordinación Institucional de la que aún se espera su renuncia. La abogada Julia Gonzalvez, además de conservar su puesto de directora de Control de la Ejecución Penal desde la gestión sciolista, es la esposa de Gastón Fingermann, director de la Región 2.

La lista se extiende interminablemente. Tanto, que resulta inevitable preguntarse cuál es la función de un equipo de profesionales que claramente no funciona bien en lo que hace y que encima la naturaleza de su familiaridad lo hace entrar en pleno conflicto con un decreto que pretende limpiar de nepotismo a la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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