Grave denuncia a la UNLP por el estacionamiento medido: Estafas, falsificación y asociación ilícita

La denuncia, que fue tomando forma como resultado de las negociaciones y aprietes que tuvieron lugar durante el génesis del sistema de estacionamiento medido, promovió la causa IPP 10813/17 que tramita la Fiscalía de Juicio número 6 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías número 7.

Sobre Alejandra Sturzenegger, ex funcionaria municipal, recayeron los delitos de defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. Por otro lado, las denuncias más graves involucran al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Raúl Aníbal Perdomo, al vicepresidente Fernando Tauber, y a las autoridades del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI), perteneciente a la UNLP, entre ellas su director general Científico y Técnico Francisco Javier Díaz y los miembros del consejo de Administración María Alejandra Osorio, María del Carmen Lago, Pedro Andrés Brissón, Juan Marra y Gabriela Rucci, sobre los que pesan procesamientos por falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita.

Acorde a la documentación presentada en la fiscalía mencionada, la empresa responsable del sistema informático de semaforización de la ciudad de La Plata, propiedad de Diego Barral, fue la que creó el sistema original del estacionamiento medido. No obstante ello, Alejandra Sturzenegger, con el auxilio del jefe de semaforización y, a su vez, dueño de la empresa que provee de semáforos a la ciudad, Juan Simiele, intervinieron ilegalmente la licitación para quedarse con el negocio.

En efecto, a pesar de que la empresa que creó el sistema informático fue la primera en presentarse a la licitación, Sturzenegger habría utilizado sus contactos en el diario El Día para ordenar una serie de nueve notas periodísticas intimidantes para obligar a la empresa a retirarse de la contienda. No sería la primera vez que la presidenta de la fundación Florencio Pérez, fuertemente ligada al diario mencionado, utiliza sus contactos para amedrentar al enemigo de turno.

Luego de torcer ilegalmente el destino de la licitación, Sturzenegger habría celebrado un acuerdo encubierto con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, que copiaron el sistema de Diego Barral a cambio de un dinero en negro para poder quedarse con el negocio y repartirse los beneficios. De este modo, la universidad platense y la funcionaria dejaron afuera al creador del sistema a través de un complejo entramado de intimidaciones y coimas, para hacerse del premio gordo.

Vale aclarar que, no obstante ello, el sistema creado por los informáticos de la UNLP es más básico y menos eficiente que el de Barral. Ocurre que el nivel de los profesionales de la casa de estudios ya no es el mismo que décadas atrás.

Incluso, se la pudo ver a Alejandra Sturzenegger paseándose por el DF Mexicano, vendiendo el sistema en la capital azteca y presentándose a sí misma como representante de la UNLP, cuando no cumple ningún rol en dicha casa de estudios. Incluso, el título de una de las notas periodísticas de aquel país es “Visita de la Universidad Nacional de La Plata”. Insólito.

Un estudio pormenorizado del sistema motivó, además, otros procedimientos judiciales sobre el mismo. Por ejemplo, se llevaron a cabo investigaciones por la aparición de multas por estacionamiento en doble fila e infracciones similares sin que el inspector haya labrado el acta correspondiente. Dicho en criollo, cada vez que un inspector hace una multa debe dejar, sí o sí, la calcomanía de color pegada en el vidrio. Esa calcomanía cumple el rol del acta que el agente tiene la obligación de labrar. De lo contrario la multa no tiene validez.

No obstante ello, en numerosas ocasiones aparecen multas por las que los propietarios jamás recibieron un acta. Las investigaciones descubrieron que, cuando se lleva a cabo el descargo correspondiente, el juzgado de turno dicta una sentencia de rutina, en la que se afirma que se ha “cumplido con todo lo reglamentado”, lo cual es falso dado que no está el acta labrada, y “habiendo visto el acta que incumple la ordenanza”, lo cual es, naturalmente, también falso, dado que el juez no puede haber visto un acta que no existe.

De este modo, se dictan día a día sentencias irregulares sobre documentación inexistente, que los ciudadanos pagan a costosísimas cifras. A raíz de esta estafa, se encuentran 4 jueces de faltas con pedidos de procesamiento, y la Justicia instó a los ciudadanos a no pagar aquellas multas que no posean su acta correspondiente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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