Provincia: Los proveedores siguen sin cobrar y la provincia está paralizada

“Todavía no cobramos enero, y en una reunión en Contaduría General nos dijeron que este mes tampoco van a poder resolverlo”, comenta angustiado un proveedor de alimentos de La Plata que, al igual que sus colegas, el último mes que cobró fue diciembre de 2017.

El problema que desató el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) es múltiple. Los proveedores no cobran, los profesionales que prestan servicios no reciben sus haberes, los ministros no pueden abrir licitaciones y los titulares de cada cartera tienen que enfrentarse al Tribunal de Cuentas a través de resoluciones internas para poder hacer frente al pago de salarios.

El gobierno provincial se plegó sobre sí mismo y no está dispuesto a dar mayores explicaciones. Consultados por REALPOLITIK, desde la Contaduría General aseguran: “Este sistema sirve, es muy bueno. Simplemente todavía no lo pudimos hacer funcionar. En cuanto funcione, va a terminar con la carretilla de expedientes, con los presupuestos sobredimensionados y con el curro de todos los proveedores del estado. Con (Daniel) Scioli esperaban seis meses sin, solo pedimos que tengan más paciencia”. No obstante ello, pareciera que no es paciencia lo que le está faltando a los que no cobran. Numerosos proveedores del estado, ajustados en sus finanzas por la falta de pago, recurrieron a créditos bancarios con tasas de interés de hasta el 31 por ciento.

Lo cierto es que el sistema fue impuesto sin previo aviso el 1 de enero de 2018. Sin una capacitación previa, los empleados se encontraron de la noche a la mañana con un sistema desconocido y al que le falta un poco de todo. “Nos pide que subamos expedientes a una carpeta online, y para eso hay que escanearlos. El problema es que no tenemos escáner”, explicaron con ironía desde la secretaría del hospital Presidente Perón de Sarandí.

Como recién salido de una escena de “La Pistola Desnuda”, los empleados del ministerio de Justicia llamaron a los “facilitadores” -como el gobierno bautizó a los responsables de capacitar al personal en relación al SIGAF-. Consultados sobre cómo resolver los rechazos que reciben las facturas que son subidas al sistema, los “facilitadores” respondieron: “No tenemos idea. Fíjense en el manual”. En la página oficial de Contaduría figuran los manuales, que oscilan entre las 300 y las 400 páginas cada uno.

Acorralado por sus propias decisiones, la Contaduría General le pidió a los funcionarios que tomaran partidas del 2017 para solucionar provisoriamente los inconvenientes de pago. Dado que dicha maniobra no es legal, le pidieron que redacten un memorando firmado para poder ejecutar su orden, pero estos se negaron, con lo que todo volvió, una vez más, a foja cero.

REALPOLITIK dialogó con vastos sectores de los ministerios de Infraestructura, Salud y del IOMA. En los tres casos, aseguraron que “la cosa va para largo, como mínimo dos meses más”. En IOMA, incluso, se atrevieron a bromear al respecto: “Lo bueno de todo esto es que cuando cobren, van a tener un vagón de plata”, afirmaron. En Tesorería, sin embargo, no fueron tan optimistas: “La situación es francamente preocupante. Si bien todas las partidas están asignadas, se está acumulando una cantidad insostenible de dinero a pagar. La provincia no funciona como una casa de familia, no podemos simplemente tener la plata guardada. Hay que comenzar a moverla urgente, lo que provocaría que algunos proveedores deberán entrar en juicio con el estado para poder cobrar algunos de sus expedientes atrasados, dado que la plata se reutilizará para otros fines más urgentes”.

Desde el ministerio de Infraestructura tienen la mira puesta en el 2019, año electoral. Si el problema se sostiene, las dificultades comenzarán a provocar serios atrasos en la obra pública, que pretende ser el pilar de campaña en la provincia de Buenos Aires. Por esta razón, están comenzando a confeccionar las primeras resoluciones internas e incluso se creó un plan de contingencia para devengar partidas que son pagadas por Tesorería. “De este modo, al menos, las obras no se paralizan. Pero no podemos licitar obras nuevas”, se lamentan desde Infraestructura. Por el momento, resulta imposible concursar nuevas licitaciones dado que el sistema no permite hacer una imputación presupuestaria en los pliegos.

El conflicto trepó hasta la cúpula de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia (FEMAPE). “La mayoría de los líderes del FEMAPE tienen empresas en Capital Federal, y desde allí forjaron una relación con María Eugenia Vidal, una relación que no tienen pensado perjudicar. Por ello, si sos un proveedor chico que afrenta un problema de pagos, no te dan bola. Prefieren que te fundas antes de molestar a la gobernadora. Piden audiencias y escuchan amablemente, aceptando todo lo que dicen. Son cuatro o cinco tipos que están arreglados con la provincia y no representan a nadie”, asegura un proveedor del estado especializado en la provisión de alimentos.

De un modo u otro, los meses impagos continúan acumulándose unos sobre otros en las espaldas de proveedores y prestadores de servicios que tienen que afrontar gastos fijos cada vez más caros e inevitables. El resultado de este escenario no pareciera muy difícil de imaginar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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