Para espiar a los trabajadores, Andrés Scarsi contrató a un detective privado por 77 mil pesos mensuales

La naturaleza de las decisiones que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, toma a diario en la administración de su cartera permanece en el más absoluto de los misterios. Inentendibles por lo peculiares, polémicos por demás, sus decretos y medidas parecieran hacer agua una y otra vez, demostrando la veracidad de lo que ya muchos creen indisimulable: Hace rato que ha perdido el control del ministerio bonaerense.

Mientras la administración provincial naufraga entre cientos de pilas de expedientes impagos a causa del, por ahora, fracaso del Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), se dan por tierra unilateralmente miles de contratos, se jubilan a personas aun activas e imprescindibles en numerosas áreas y se declaran prescindibles a otras tantas, Andrés Scarsi nombra “ad referéndum” a un personal cada vez más grande en planta permanente bajo la ley 10.430.

No son éstos profesionales indispensables de los hospitales bonaerenses, sino personajes administrativos de la más variada calaña. Muchos de ellos, asignados a la sede perteneciente a la subsecretaría de Administración y nombrados por fuera de lo que dicta la ley 10.430. Acorde a dicha normativa, la única forma de ingresar a una persona a la planta permanente es mediante un decreto firmado por la gobernadora. Los ministros solo pueden discernir en la naturaleza del personal de gabinete, secretarios privados, contratados y transitorios. Pero nunca en la planta permanente. No obstante ello, los decretos del ministro de Salud sólo llevan la firma de Scarsi, y encima digitalizada.

Entre los así contratados por Andrés Scarsi figura un tal Fernando Maximiliano Sanchotena, asignado a la subsecretaría de Administración y Gestión de los Recursos con el cargo de asesor bajo la ley 10.430. Por orden del ministro, el sueldo de Sanchotena es de 77.978 pesos mensuales en mano.

No obstante ello, el recientemente nombrado “asesor” tiene una preparación por demás particular. Acorde a su propia tarjeta de presentación, Fernando Maximiliano Sanchotena es un detective y agente investigador privado con domicilio en Riobamba 178 de Capital Federal.

Por insólito que parezca, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires le paga 77 mil pesos mensuales a un detective privado de Capital Federal para que lo asesore en materia de salud pública bonaerense. Quizá sea éste el motivo del desdichado rumbo que ha tomado su ministerio. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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