Escudero y organismos de derechos del consumidor piden crear un Observatorio de Servicios Públicos

El diputado provincial Guillermo Escudero presentó un proyecto tendiente a crear el Observatorio de Servicios Públicos. El evento tuvo lugar en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense y contó con la coordinación del secretario de DEUCO, el abogado Roberto Daoud

La idea se basa en la elaboración de una propuesta que fije un tope no mayor al 10 por ciento en el ingreso al usuario de servicios públicos y la convocatoria abierta a todos aquellos vecinos afectados por los aumentos indiscriminados a la atención jurídica gratuita a partir de la fecha en el Partido Justicialista platense.

En diálogo con REALPOLITIK, Escudero comentó: “Vamos a intentar imponernos a esta distorsión absoluta que existe entre los servicios públicos y los ingresos de cada familia que está generando problemas en todos los ámbitos. Hay un antecedente planteado en la resolución de la Corte Suprema en 2016 que establece que las tarifas no pueden tener un tinte confiscatorio”. Y en ese sentido el legislador peronista ejemplificó: “Hoy vemos cómo el avance y la evolución en el cuadro tarifario está causando estragos, lo que una familia pagaba de servicios en el año 2015 ó 2016 no llegaba al 6 por ciento del total de sus ingresos, hoy en 2018 alcanza casi un 21 por ciento, con lo cual vemos que es una situación insostenible”.

Al referirse a la misión que perseguirá este Observatorio, el diputado platense comentó que “el objetivo más importante que nos hemos propuesto es que no exista esta distorsión al momento de hacer frente al pago de una boleta de un servicio, tomando en cuenta los ingresos, las paritarias, la inflación, que hoy vemos que está totalmente desmadrado y genera una preocupación para todos”.

“Desde la Cámara de Diputados tenemos que apuntar con la responsabilidad, no anunciando acciones que luego son impracticables, lo que sí creo que este sistema tarifario no puede seguir”. Luego, Guillermo Escudero afirmó que “en el marco de la Legislatura y de cada municipio tenemos que generar las acciones para que esta distorsión que radica en un 20 por ciento del total de los ingresos y en los sectores productivos mucho más, porque incluso llega en el costo que tienen las empresas hasta un 30 por ciento, hay que modificarlo de plano, porque de esta manera es de un agobio y de una asfixia financiera para la familia y para todos los sectores productivos que no se puede sostener”.

“Estamos estudiando la posibilidad de que el porcentaje total de los ingresos de una familia destinado al pago de servicios públicos, no supere el promedio del 10 por ciento”, expresó el diputado.

Desde DEUCO, Roberto Daoud, señaló que “para los productores, los pequeños comerciantes, las instituciones y los centros culturales; los servicios son impagables o por lo menos difíciles de afrontar. El diagnóstico de las pymes es preocupante en cuanto a la realidad, porque hoy hay 250 mil pymes embargadas por la AFIP, que tienen graves problemas financieros”. 

“Los clubes han decidido brindar actividades en horarios diurnos porque no pueden seguir pagando la luz, los del cordón frutihortícola tienen que afrontar enormes pagos porque utilizan un sistema de bombeo eléctrico. Los centros culturales están afrontando boletas de 12 mil pesos mensuales cuando anteriormente pagaban 2.500 pesos por bimestre, con lo cual son aumentos que directamente erosionan la economía del lugar, obligándolos a poner en un orden de prioridades qué pagar ocasionando deudas o retrasos, porque los servicios públicos nunca pueden faltar en un centro cultural, en un lugar productivo y mucho menos en un hogar, porque son esenciales”, sostuvo Daoud.

Participaron Daniel Moreira, representando a las Pymes; Luis Salamanca, de los Centros Culturales; Hugo Heredia, en representación del sector florifrutihortícola; Luján Andrade, de la Defensoría de Derechos del Consumidor de Florencio Varela; Jorge San Miguel, de la sindicatura de usuarios de OCEBA; Alfredo Estrada, de DEUCO Rafael y Alcides Aguirre, de la Federación de Instituciones.

Cabe destacar que este Observatorio se ve reflejado en trece municipios de la provincia de Buenos Aires como Pigüe, América, Nueve de Julio, Tandil, Ensenada, Brandsen, Punta Indio, San Martín, La Matanza, San Nicolás, La Costa, Florencio Varela y La Plata, con la intervención de siete asociaciones de consumidores y el respaldo de la CTA provincia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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