Avanza la causa contra Roberto Moro, titular del SEDRONAR y allegado a la Cienciología

Con el impulso del fiscal Federico Delgado, la causa caratulada "Moro, Roberto s/averiguación de delito" que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6 a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, avanza a paso firme y complica cada vez más la situación del actual titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Presidencia de la Nación (SEDRONAR).

Desde fines del año pasado, y a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción ante la Justicia Federal, a Moro se lo investiga por posibles hechos de corrupción, al haber otorgado pasajes aéreos a nombre de Nancy Rodríguez (una persona muy “allegada” al pampeano con quien mantendría una relación sentimental), para participar de actividades oficiales que jamás se habrían concretado. 

Lo particular del caso es que esta persona en cuestión, una mujer de unos treinta años de edad que conocería a Moro de sus tiempos de militancia conjunta en una unidad básica del peronismo de Santa Rosa, no acreditaría experiencia ni vínculo alguno con la temática de las drogas y las adicciones. Tampoco relación laboral o contractual con organismos relacionados. Pero lo más grave del hecho, que motivó la denuncia de Laura Alonso y las pesquisas del fiscal Delgado, es que los pasajes habrían sido abonados con dinero de las arcas públicas. 

A fines de febrero pasado, un ex funcionario de primera línea de la SEDRONAR, que desempeñó funciones durante el primer cuatrimestre de gestión de Moro y que conoció de cerca los desvíos administrativos, concurrió a los Tribunales Federales de Comodoro Py para aportar mayores precisiones sobre los hechos que se le imputan al pampeano. A esto se le sumaría un allanamiento que se efectuó en oficinas de Optar SA, empresa que aparece mencionada en las actuaciones como la que canaliza las reservas y la emisión de pasajes a solicitud de la secretaría privada de Moro. 

Según consta en el expediente, no serían dos pasajes los que Moro le habría obsequiado a Rodríguez. De acuerdo con la investigación del fiscal Delgado, existen al menos diez viajes entre enero y julio del 2016, utilizando la misma metodología. También existen varios memorandos firmados por el propio Moro. En todos los casos el costo de los pasajes de Santa Rosa a Buenos Aires y viceversa fue cubierto por la SEDRONAR.

Cabe recordar que la causa se inició en una investigación publicada en medios pampeanos en noviembre del 2016, que puso al descubierto el modus operandi del titular de la SEDRONAR, información periodística a la cual se sumaron datos aportados ante la Oficina Anticorrupción por el ex funcionario que fuera recientemente citado por Delgado a prestar testimonio.

En el caso de comprobarse los hechos, cosa que a esta altura parece inminente, el fiscal cambiaría la carátula e imputaría formalmente a Roberto Moro por el delito de peculado. Según el artículo 261 del Código Penal, al titular de la SEDRONAR podría recaerle una pena de prisión de dos a diez años, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La imputación sería la señal que espera el presidente Mauricio Macri para eyectar al pampeano del gobierno sin tener que pagar costos políticos con la iglesia católica que, aún hoy, y pese al extenso prontuario de actos desviados, sospechosamente sigue apuntalando al funcionario en su cargo.

Sucede que no es la primera vez que las conductas poco éticas de Moro, que entró por la ventana a la gestión macrista por apoyo del arzobispo Mario Aurelio Poli, llegan a oídos de la Casa Rosada.

Cabe recordar que en mayo del 2016, a pocos meses de asumir su cargo, Moro fue duramente criticado no sólo por haber viajado a Nueva York a sólo veinticuatro horas de producida la tragedia en la fiesta electrónica de Costa Salguero, sino también por haber mentido acerca de la fecha del viaje. Dijo que se enteró de la tragedia cuando “estaba llegando a Estados Unidos”, pero luego admitió que lo supo antes de subirse al avión y que igual se fue.

En junio del 2016 tomó estado público el abultado sueldo percibido por su secretaria privada Marcela Galarraga (quien aparecería mencionada en el expediente judicial como la persona que tramitaba los pasajes para Moro), quien no sólo recibe una remuneración con una designación irregular como directora de línea, sino que además cobra unidades retributivas adicionales y viáticos.

Ese mismo mes, un portal periodístico reveló los vínculos de Moro con la Fundación Convivir. Esta investigación sobre la sospechosa influencia de esa fundación desencadenó un pedido de informes por parte de Diputados de la Nación. REALPOLITIK retomó la información y puso al descubierto el desembarco de Convivir en municipios de la provincia de Buenos Aires administrados por Cambiemos bajo el formato de “tratamiento comunitario”, y la relación entre Roberto Canay, actual subsecretario de Estrategias de Tratamiento y Prevención de la SEDRONAR, con María de las Mercedes Aranguren de Vásquez, presidente de Convivir y a su vez esposa de Ramón Vásquez (actual subsecretario de Coordinación Administrativa del organismo).

En septiembre del 2016 se conoció que la secta de la Cienciología, al amparo de Moro y con la venia de la misma ministra de Desarrollo Social (que supo cobijarlos durante el gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires), Carolina Stanley, había ganado espacio en la estructura de la secretaría de Drogas de Nación, dictando talleres y capacitaciones junto a la denominada Red Federal de Madres contra la Droga. En la actualidad, y como un aparente forma de lavado de cara, esta red cambió su denominación a Unidad Federal de Madres y ONGs contra las Adicciones (UNIFE). Bajo su paraguas se nuclean madres del paco, familiares de adictos, refererentes barriales, organizaciones sociales y militantes anti-droga. 

En mayo del 2017, otra investigación periodística puso bajo la lupa los millonarios subsidios recibidos por la Asociación Civil Rumen (General Pico) a partir del supuesto modus operandi de Moro de utilizar fundaciones para el desvío de fondos públicos. El origen de la pesquisa remite a las sucesivas denuncias realizadas por la diputada provincial Patricia Testa desde el año 2010, sobre la discrecionalidad en la asignación de subsidios del gobierno de la provincia de La Pampa a Rumen. El vaso conector entre Moro y Rumen es la actual directora General de Administración, la contadora Silvana Cid. Durante el ejercicio 2017, Rumen recibió fondos por parte del gobierno de La Pampa por un total de 10 millones de pesos. Esta cifra no incluiría lo que la ONG percibe en carácter de prestataria de servicios de atención de personas con adicciones. 

El colmo de los colmos fue la investigación llevada adelante por la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), que puso al descubierto que Roberto Moro habría accedido a su titulación de magister de forma cuestionable o incluso irregular. “Como técnico en Estadística, Moro no reunía las condiciones establecidas por la comisión nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Hay una instancia académica que Moro se habría salteado para llegar a su título de posgrado”, afirmaba Claudio Izaguirre, presidente de la AARA. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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