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Municipales
En promedio, el Estado se lleva el 55,8 por ciento: para que se entienda, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola (ingresos menos costos), 55,80 pesos se lo llevan los distintos niveles de gobierno. En el caso de la soja, la participación del Estado asciende al 66,4 por ciento.
El oficialismo encara la segunda mitad de año en medio de un brusco giro en su política económica, y en este contexto las turbulencias en el ministerio de Agroindustria no tienen fin. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona todas las variables,y desde la Casa Rosada profundizan el ajuste sobre la estructura estatal. En este delicado escenario, el ingreso de divisas provenientes del sector agroindustrial es de vital importancia.
Este panorama reflotó el protagonismo de los derechos de exportación de la soja, que desde principios de año bajan a razón de 0,5 por ciento mensual. En su afán recaudatorio, el gobierno emite señales confusas en relación a este tema, y han dejado traslucir su intención de frenar esta reducción gradual, además de reinstaurar los derechos de exportación en trigo y maíz.
¿Qué pasa con las retenciones de soja? Urgido por fondos frescos, y con una sequía que recortó ingresos del campo por unos 8 mil millones de dólares, el presidente Mauricio Macri apura a las agroexportadoras, que prometieron liquidar unos 4 mil millones de dólares. Pero el presidente analiza todas las posibilidades, y una de ellas es congelar la baja gradual en las retenciones sojeras, que se encuentran en 27 por ciento.
En este punto, las señales se tornan difusas. Mientras el presidente Macri niega enfáticamente este “retoque” en las retenciones, el coordinador del equipo económico Nicolás Dujovne es ambiguo, y en su última conferencia de prensa jugó al misterio. “Podríamos reconsiderar algún cronograma de reducción de algún impuesto”, dejó entrever, sin dar mayores precisiones.
Más allá de los derechos de exportación, el gobierno no quiere resignar su tajada en el mundo de los agronegocios. Un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) permite ver en detalle la participación de los impuestos sobre la renta agrícola. En promedio, el Estado se lleva el 55,8 por ciento: para que se entienda, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola (ingresos menos costos), 55,80 pesos se lo llevan los distintos niveles de gobierno. En el caso de la soja, la participación del Estado asciende al 66,4 por ciento.
Para el macrismo, que en plena campaña electoral por la presidencia sedujo al sector agropecuario con la promesa de quita de retenciones, la posibilidad de engrosar las arcas fiscales con los dólares liquidados por el sector agroexportador es un arma de doble filo. Por un lado, y si bien el precio en el mercado de Chicago se muestra oscilante y con cierta tendencia a la baja, en las pizarras locales supera la barrera de los 7.600 pesos por tonelada.
Pero esta voracidad fiscal amenaza con causar un verdadero tembladeral en el ministerio de Agroindustria. Su titular, Luis Miguel Etchevehere se paró del lado de los productores y cuestiona esta decisión, situación que le vale chocar una y otra vez con Dujovne, que se erige como unos de los hombres fuertes de Macri. Esta situación no será gratis para el entrerriano, que llegó con el visto bueno del presidente, pero ve peligrar su continuidad en el cargo. Cuestionar públicamente las decisiones del titular del Poder Ejecutivo tiene su precio.
Por el lado de las entidades que representan a los productores agropecuarios, esta situación genera una enorme incertidumbre. En el caso de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) han reiterado su postura contraria a cualquier modificación en los derechos de exportación. No hay que perder de vista que durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, su gestión tuvo una prolongada y dura batalla con el sector productivo por la misma cuestión.
¿Repetirá Macrí el mismo error? La voracidad de un gobierno acuciado por el rojo fiscal y las directivas emanadas desde el FMI pueden llevar a que el oficialismo cometa, diez años después, el mismo error. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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