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13 de julio de 2018

JUDICIALES

Temor de aplicar la ley: Ataque al sistema arancelario de los abogados

En un duro comunicado el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, COLPROBA, entidad que reúne a los veinte colegios departamentales de la provincia y nuclea a más de 60 mil abogados, pronunció su enfático rechazo al fallo emitido por la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata...

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En un duro comunicado el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, COLPROBA, entidad que reúne a los veinte colegios departamentales de la provincia y nuclea a más de 60 mil abogados, pronunció su enfático rechazo al fallo emitido por la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata que declara la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 16 de la ley 14967 (ley Arancelaria de los Abogados).

La entidad colegial entiende que el pronunciamiento además de adolecer de graves errores de basamento, se erige en un claro ataque al sistema arancelario de los abogados, que es de naturaleza alimentaria y de orden público “ Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hace saber su enfático rechazo a un pronunciamiento judicial que, más allá de sus manifiestos y graves errores de fundamentación, constituye un claro ataque al sistema arancelario de los abogados caracterizado por su naturaleza alimentaria y protegido por la imperatividad del orden público”

Se señala que dicho pronunciamiento judicial excede las funciones del Poder Judicial , habiéndose  arrogado  los jueces, potestades asignadas a los otros poderes del estado, con la voluntad de derogar por vía judicial la totalidad del sistema protectorio de la retribución de los abogados de la provincia “  Se verifica en el señalado pronunciamiento, una demasía inaceptable en cuanto desorbita las funciones del Poder Judicial por arrogarse los Jueces potestades asignadas a los otros poderes del estado mediante argumentos basados en un supuesto temor a decidir conforme a la ley, cuando en realidad subyace claramente la voluntad de derogar por vía judicial la totalidad del sistema protectorio de la retribución de los abogados de la provincia”.

Por su parte entiende que hay un intento de inaplicar permanentemente cualquier norma arancelaria que subyace bajo distintos fundamentos, justificaciones y sofismas “ No está aquí en juego ni la independencia judicial ni la facultad de interpretar las normas con criterios de razonabilidad como se alega en la sentencia, sino el evidente intento de inaplicar -en forma permanente- cualquier norma arancelaria. Ningún Juez puede alegar ¨temor¨ de aplicar las leyes emanadas de los representantes del Pueblo. Menos aún sostenerlo mediante sofismas que encubren intenciones que no se exteriorizan pero están muy claras.”

Concluye  que se ha evidenciado una vez más la necesidad de profundas reformas al sistema judicial provincial, para conseguir una Justicia confiable y efectiva  para la sociedad “Esta lamentable decisión -con reclamo salarial incluido- constituye una nueva demostración de que resulta imprescindible llevar a cabo profundas reformas al sistema judicial de nuestra Provincia, que permitan que el Pueblo tenga una Justicia confiable, que aplique la ley dentro del marco de discrecionalidad que ésta impone y con la efectividad tantas veces reclamada”.

Por último advierte que la colegiación organizada promoverá las acciones necesarias en la defensa de un sistema retributivo que está basado en la dignidad profesional, el respeto y la justicia; previniendo que pondrán en marcha los mecanismos para activar las responsabilidades políticas de los jueces involucrados con dicho pronunciamiento “Las instituciones de la colegiación de los abogados bonaerenses promoverán las acciones que sean pertinentes, sin que pueda caber duda alguna acerca de la voluntad colectiva de defender un sistema que se basa en la justicia, la razonabilidad económica, la dignidad y el respeto al trabajo profesional. También se instarán los mecanismos para que se haga efectiva la responsabilidad política de los jueces involucrados.”


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