
Interior
El acuerdo no pudo ser más beneficioso para la familia presidencial. Acorde a la fiscal Gabriela Boquín que entiende en el caso, Franco pagará la deuda a tasa negativa, licuando parte del pasivo, con una quita del 98 por ciento. Es un trato casi milagroso.
La deuda que Correo Argentino S.A. y la empresa familiar del presidente Mauricio Macri, SOCMA, tienen con el estado era de 296 millones en el año 2001. Desde entonces, acorde a la Dirección de Asesoramiento y Análisis Financiero Integral (DAFI), los intereses y la inflación implicaron que el monto total, al día de hoy, alcance los 70 mil millones de pesos.
Al momento de negociar un acuerdo, Franco Macri logró que el estado argentino, o sea su hijo, acepte cuatro pagos anuales de 2,9 millones de pesos, más cinco pagos de 5,9 millones, 2 cuotas de 8,8, otras dos de 44 millones, y una de 59 y la última de 88 millones de pesos. De este modo, terminará pagando solo 258 millones más un 7 por ciento del capital adeudado hasta el momento, que eleva la suma a un total de 600 millones de pesos.
El acuerdo no pudo ser más beneficioso para la familia presidencial. Acorde a la fiscal Gabriela Boquín que entiende en el caso, Franco pagará la deuda a tasa negativa, licuando parte del pasivo, con una quita del 98 por ciento. Es un trato casi milagroso.
Lo que ocurrió a partir de entonces fue caricaturesco. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, le solicitó a la Procuración del Tesoro Nacional iniciar un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron en el acuerdo. El procurador Carlos Balbin le dio curso a la investigación. Inmediatamente, el presidente Macri lo removió del cargo y lo reemplazó con Bernardo Saravia Frías, quien cerró inmediatamente el sumario.
Ante dicho atropello, el fiscal Rodríguez apeló la medida. La apelación debía ser definida por el propio Macri, quien se excusó y le dejó la firma a Gabriela Michetti. Fue justamente la vicepresidente quien, en una maniobra express, rechazó el recurso.
De este modo, la cúpula política nacional vuelve a demostrar que la impunidad es un privilegio de clases, que debe ser combatida sólo cuando se toma el atrevimiento de presentarse entre los estratos más bajos. Allá arriba, todo vale. (www.REALPOLITIK.com.ar)
¿Qué te parece esta nota?
MÁS NOTICIAS