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2 de noviembre de 2018 | Municipales

Guerra judicial

Tras el furcio de Héctor Gay, piden revocar la intervención del parque industrial

Como anticipó REALPOLITIK, la interrupción del consorcio del conglomerado de empresas bahiense que dictó el municipio dirigido por Héctor Gay fue recurrido por omitir ciertas cuestiones que muestran ilegalidad en la acción aprobada por la provincia. Continúa administrando el consejo de administración.

Piden que se revoque la acción llevada adelante por la municipalidad de Bahía Blanca que interpuso una denuncia penal para la intervención del consorcio que administraba hasta hace días el parque industrial. Sus miembros aseguran que es ilegítima. Los damnificados entendieron que el acto firmado por el intendente Héctor Gay presenta serias irregularidades que hacen que las acciones tomadas a partir del mismo no tengan razón de ser.

 

Entre los argumentos que la presentación judicial contiene se encuentra el reclamo por el allanamiento que fue realizado a partir de la firma del decreto municipal Nro. 2537/18 de la localidad de Bahía Blanca y que no se encontraba basado en una orden de allanamiento a través de la cual se debió haber realizado la toma de posesión de la sede, en donde se encontraban las oficinas del consorcio del parque industrial.

 

Recordemos que sólo un juez puede ser el que dicte este tipo de procedimientos que no tienen absolutamente nada que ver con un acto administrativo de un poder ejecutivo local, sino sólo es patrimonio del poder judicial.

 

En segundo término, los consorcistas plantean que según la ley 13.744, en su apartado de sanciones, explicita las medidas a tomar ante diferentes incumplimientos por parte de la administración. Sin embargo, en ningún caso se habla de la intervención del área que tiene la potestad administrativa del parque, sino que se estipulan apercibimientos, multas e incluso la clausura del espacio.

 

A su vez, aclaran que más allá que el acto que sancionó el ejecutivo local no contenga explícitamente la palabra intervención, las acciones llevadas fueron en el marco de una interrupción de la potestad que la reglamentación establece para el consorcio.

 

Asimismo, el escrito expresa que no sólo es el municipio quien no puede llevar a cabo estas acciones, sino que tampoco la provincia de Buenos Aires puede delegar en el mismo una medida que no está reglada en ninguna legislación bonaerense. Desde este aspecto, se reitera la falta de los apercibimientos, multas o clausura que son sanciones propias de la ley que rige a este tipo de armados que manejan los parques industriales.

 

Según la denuncia realizada por el doctor Ricardo Tapia, actual interventor, el ex responsable del consorcio, Raúl Carrete, había incurrido en el delito de desobediencia por incumplir el decreto administrativo 2537/18. Sin embargo, la incompetencia de Tapia y la ilegitimidad en su designación por no tener fundamento legal las medidas tomadas en el decreto que lo titulariza como interventor, serían otros puntos en los que se apoya el pedido de revocatoria de la acción llevada adelante por el municipio.

 

Desde estos aspectos, como había anticipado este medio, la intervención se encuentra pendiendo de un hilo visto las graves irregularidades que no ha tenido en cuenta el ministerio de Producción bonaerense a cargo de Javier Tizado, así como la comuna. Por lo tanto, se espera que la Justicia pueda hacer valer sus funciones y dictamine si el parque industrial continúa siendo conducido por Carrete o bien se da paso al representante de la localidad de Bahía Blanca. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Bahía Blanca, Héctor Gay

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