Justicia dependiente: Los vínculos entre el juez Ercolini y el gobierno de Macri

Kenny es comunicóloga, ex vocera del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, actualmente a cargo del área de Comunicación de la Procuración, y prestó servicios durante la gestión de Esteban Righi, de quien su marido fue ayudante de cátedra en la UBA a sus 26 años.

El magistrado a cargo del juzgado federal Nro. 10, procesó y ordenó detener a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, por una eventual administración fraudulenta. También procesó al ex jefe de AFIP Ricardo Etchegaray por los mismos delitos, pero no ordenó su prisión preventiva. Investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita en varias causas y procesó a la ex procuradora K Alejandra Gils Carbó. Para el ministro Garavano no existe incompatibilidad entre las causas contra ex funcionarios K del marido y los puestos que ocupa su esposa en este gobierno: el sentido común es el menos común de los sentidos, cuando los contamina “la política”.

Al asumir el señor Ercolini, encontró una denuncia por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Los imputados tuvieron de defensor a Fabián Musso, socio del estudio jurídico fundado por Righi. En marzo de 2005 el juez dictó el sobreseimiento de los imputados, no apelado por el fiscal federal Eduardo Taiano. Nadie puede pensar que existió una devolución de favores a quien firmó su pliego, ni que el fiscal incumplió con sus funciones. Ercolini tuvo en su despacho la causa por la venta de Papel Prensa, sobreseyendo a los dueños de Clarín y La Nación. Tampoco nadie tiene derecho a sugerir, que los dueños del poder son absolutamente impunes, merced a estos maravillosos jueces y fiscales.

Demasiados fallos irregulares o tal vez aberrantes, y absoluciones incomprensibles, a la luz del código penal y del código procesal penal: en el año 2015 ingresa “por sorteo” al juzgado Nro. 10 la causa 4416, resultante de una denuncia que debería haberse considerado nula de nulidad absoluta. En la misma, el jefe de una de las cuatro fuerzas nacionales de Seguridad, no deja en claro si se da por injuriado o calumniado conforme lo establece el código procesal, a partir de distintas denuncias de un ciudadano, sobre la connivencia de fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y políticos con el narcotráfico. En ningún momento el ciudadano denunciado había acusado de dichos delitos al jefe policial. A pesar de esto, Ercolini luego de una simulación de juicio termina condenando al ciudadano en un fallo aberrante, con una multa de 15 mil pesos y la publicación de avisos en tres medios determinados. Y para que quede en claro cómo funcionan la ley mordaza ad hoc y las sentencias ejemplificadoras, la condena apelada fue rechazada por las cámaras nacional de apelaciones en lo Criminal y la de Casación, ambas de Comodoro Py.

Las Task Force judiciales son maravillosas: el letrado del condenado habría sido coercionado y/o comprado, incumplió con sus funciones y no presentó a tiempo la apelación en la Suprema Corte, que podría habilitar recurrir a la Corte Interamericana. Jueces, fiscales, camaristas y muchos letrados, tocando en la orquesta del gobierno de turno, dejando preso o condenado a quienes le son solicitados.

Finalmente, una pequeña clase magistral de cómo se libera a un narcotraficante peruano. Conforme narro en mi libro Laboratorios de Cocaína en la Ciudad de Buenos Aires, documento oficial de la Legislatura (www.jorroblog.wordpres.com): “El domingo 27 de enero 2013 fue detenido en inmediaciones de los Diez Mandamientos, manzana 22 del Territorio Liberado Peruano de la villa 1.11.14 un ciudadano peruano apodado El Tío”. “La verdadera identidad de ‘El Tío’ es Diego Luis Federico Donayre Santa Cruz, C. I. de su país Nro. 52612939-7. A partir de su detención actúa el juzgado federal Nro. 10 Ercolini, Julián Daniel, secretaría Nro. 10 a cargo de Fornesan Fernando. Si bien mis fuentes desconocen el número de la causa, el sumario judicial es el Nro. 12/13”.

“Donayre fue liberado en unas horas a pesar que se le encontraron 160 dosis de cocaína, 83 de paco, 90 de marihuana y más de 5 mil pesos en efectivo”, según un informe a la ministra Nilda Garré. Se lo dejó libre sin tener medios de vida reconocidos, viviendo en la villa más peligrosa de nuestro país, corriendo riesgos de fuga y a pesar que varios gendarmes resultaron heridos, violando una vez más el código procesal penal. Los funcionarios no tuvieron a bien informarse que el delincuente en cuestión había pertenecido al grupo criminal Sendero Luminoso, ni que contaba con un frondoso prontuario peruano. Y como siempre, fiscales que incumplen con sus funciones y graciosos camaristas quienes se hacen los sordos, ciegos y mudos.

¿Será por eso que muchos medios los llaman Circo Py?.

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