Smartmatic, la polémica empresa venezolana elegida para el recuento de votos

En ocasión del tratamiento del proyecto oficial de implementación del voto electrónico en la República Argentina, el diputado Pablo Tonelli señaló, en un modo por demás enfático, que el “sistema no fallaría”. Así puede observarse en el video que ilustra esta nota, con un corte de mangas final del legislador.

A raíz de diversas fallas comprobadas, en las últimas elecciones del pasado 10 de marzo, el juez Electoral de Neuquén emitió una circular a todas las autoridades de mesa a fin de darle a los ciudadanos que así lo solicitasen “una nueva boleta para realizar nuevamente el voto”. No se sabe, a ciencia cierta, la cantidad -significativa o no- de casos en los cuales el sistema falló y si esto, en definitiva, pudo comprobarse con exactitud. 

Lo cierto es que pone un manto de duda sobre todo el sistema implementado. Y queda claro es que el diputado Pablo Tonelli estaba equivocado: el sistema podía fallar. Y, como consecuencia, él también.

CONTRATACIÓN PARA EL ESCRUTINIO  PROVISIONAL 

El poder ejecutivo nacional dispuso introducir vía decreto y/o resolución ministerial, modificaciones al Código Electoral Nacional, violando ostensiblemente el artículo 77 parte dos, de la constitución nacional.

El gobierno nacional, censor del gobierno venezolano, habría procedido a contratar en forma excepcional y de urgencia a la empresa informática que, se dice, contribuye a concretar elecciones fraudulentas y hasta alentando y recibiendo al autoproclamado presidente designado de la hermana República Bolivariana. 

Del sistema, su código fuente y demás características, nada se dice. Se ocultan las razones por las cuales se pretende contratar a empresas o personas extranjeras sin agotar consultar a universidades u organizaciones no gubernamentales locales, a las fuerzas políticas y sociedad civil en general.

En la operatoria de cierre de escrutinio, tanto autoridades como los diversos actores intervinientes tienen una expertiz encomiables que, ahora, pretende delegarse a empresas y personas extranjeras  sin siquiera participación de las comisiones especiales del Congreso Nacional

Son innumerables las contingencias negativas que el procedimiento pergeñado desde el gobierno nacional traerá aparejados y que escapan a estas líneas, pero digamos que por vez primera en más de 35 años la palabra “fraude electoral” está en boca de muchos.

El ocultamiento de datos en las elecciones de 2017 es un recuerdo presente. Lo cierto es que ante esta situación, la Cámara Nacional Electoral procedió a expedir la acordada número 13 tendiente a clarificar la cuestión.

La empresa Indra, partícipe del proceso licitatorio, ha impugnado la preadjudicación que se hiciera a la firma Smartmatic, y también se han efectuado impugnaciones por distintas vías. No se han difundido las decisiones administrativas adoptadas al respecto. Tratándose del acto más importante y trascedente del sistema representativo y republicano establecido por la constitución nacional, la difusión de todo el procedimiento y la debida publicidad se imponen.

Se han introducido modificaciones al sistema electoral, habiendo comenzado el proceso eleccionario. Algunas de esas modificaciones han sido declaradas inconstitucionales por la Justicia y otras dejadas de lado, inexplicablemente, a pocos días de sancionadas.

Incluso, se dice, que aún se modificarían algunas normas o se allanarían a nuevas inconstitucionalidades. Estas irregularidades, que deben preocupar a todos por igual, exponen la poca seriedad o ignorancia supina de los asesores del gobierno nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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