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8 de junio de 2019 | Judiciales

En plena campaña

Vidal cierra recomposición salarial de jueces y magistrados bonaerenses

La medida que equipara los sueldos de funcionarios judiciales y magistrados a la inflación fue comunicada a través del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Un caso increíble: se trata de una recomposición de 2017 que arreglaron en 2018 y se concreta en 2019.

Los funcionarios judiciales y magistrados bonaerenses pueden estar tranquilos porque la inflación no afectará sus bolsillos debido al reciente decreto que la gobernadora María Eugenia Vidal acaba de firmar. En el acto número 448/19 se igualan los salarios con el parámetro de incremento de precios medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La norma recientemente comunicada refiere al acuerdo salarial definido en el artículo 6 del 651/18, en donde se estipula: “Establecer la aplicación de una cláusula de adecuación salarial, la que operará si la inflación acumulada durante el año calendario de 2017, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), supera el 21,5 por ciento de incremento pautado, ajustando el sueldo básico automáticamente hasta equipararlo con la inflación del mes en que tal condición se haya verificado”.

El antiguo decreto al que remite el actual, con fecha 2019.

En este sentido, el porcentaje de aumento de acuerdo a lo estipulado en la norma hace efectivo lo que se conoció como cláusula gatillo cerrada en 2017 para los jueces bonaerenses y demás funcionarios. De esta manera, el valor porcentual de la suba promueve en épocas de cinturones ajustados un gasto que en porcentajes parece bajo pero a la hora de trasladarlo a los magistrados se hace muy importante.

Esto es más controversial aún si se piensa que la pérdida de los salarios reales para aquellos trabajadores de otros rubros no han ni si quiera alcanzado con ese empate que han logrado hacer efectivo los encargados de hacer Justicia. Más aún, si se tiene en cuenta que aquellos salarios ya son onerosos históricamente y que el del resto de los trabajadores públicos no ha estado a nivel con el aumento generalizado de bienes y servicios.

Desde el aspecto político, la suba puede leerse como una jugada que se destraba antes del cierre de lista, cuando el lawfare y otras yerbas tejen vínculos ineludibles entre el poder ejecutivo y el judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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María Eugenia Vidal

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