La Justicia bonaerense utilizó mal la “ley del arrepentido” y estalló la polémica

La ley 27.304, conocida como “ley del arrepentido”, permite reducir penas a personas que participaron de un delito, en el caso de que den información que ayude a la investigación de delitos como tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, etc. Para el arrepentido, en contraprestación, la Justicia dispone una reducción de la pena por la trasgresión que haya cometido. A pesar de tratarse de normativa nacional, aun no está reglamentada en la provincia de Buenos Aires.

Para su aplicación existen algunos pasos a seguir. El arrepentido tiene que ofrecer su información y, en caso de ser aceptada, firmar un acuerdo de celebración con el fiscal de la causa con intervención de su abogado defensor y homologado por el juez que corresponda. Además, el acuerdo debe estar firmado antes de que el juez decida su elevación a juicio y, si la información brindada es falsa, el imputado puede recibir una pena de 4 a 10 años de prisión. Para corroborar la verosimilitud y la utilidad de la información, el magistrado cuenta con un año.

La primera “arrepentida” en la historia judicial bonaerense fue Lidia Perna, quien fue arrestada luego de un megaoperativo de seis allanamientos en La Plata, Capital Federal, Canning y San Vicente, en una finca de la calle Urquiza al 500. En el mismo procedimiento fue arrestado Ariel Heine, quien habría formado una banda que se dedicaba a ocupar campos a base de violencia y luego comercializarlos. A pesar de lo que se informó en un primer momento, Perna y Heine no eran pareja, sino socios en la maniobra de estafas inmobiliarias.

A pesar de no existir antecedentes de esta figura en la legislación bonaerense, Perna solicitó declarar como arrepentida. El “timing” del curioso pedido fue duramente criticado por especialistas. El propio presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, aseguró que “no se puede admitir arrepentidos durante todo el proceso. Hay que poner un límite temporal. La eficiencia de la Justicia no puede ser a costa de garantías constitucionales”.

En pocas palabras, Perna, quien se hizo conocida en su rol de “falsa abogada” por negociar beneficios procesales, hizo lo que mejor le sale: negoció su libertad. Prácticamente todo lo que rodea al pedido de la “arrepentida” y lo que ocurrió después pertenece al plano de lo insólito, duramente cuestionado por todo el arco legal bonaerense.

Quien tuvo que homologar el acuerdo de colaboración no fue otra que la jueza de garantías Marcela Garmendia, quien actualmente es duramente cuestionada por el frondoso prontuario de su propia familia. Su marido es Luis Martínez Varela, quien como vicepresidente del Banco Municipal de La Plata otorgó créditos de dudosa regularidad, incluyendo un crédito de 3.5 millones de dólares a Construar SA, cuyo capital era de 12 mil pesos y no había presentado avales. Martínez Varela recibió una denuncia del Concejo Deliberante platense y fue señalado como uno de los principales responsables de la quiebra del banco. Ella misma acumula una sorprendente cantidad de pedidos de apartamientos de causas en las que intervino.

Perna declaró ocho horas, en dos sesiones de cuatro horas cada una. Aseguró que tanto la contadora Nora Pérez, como Enrique Petrullo y el propio Heine fueron partícipes en un circuito delictivo por el que recibían dinero en efectivo a cambio de fallos favorables a los detenidos. En su declaración vinculó, además, a Eugenia Mercado, secretaria administrativa del juez de Casación Martín Ordoqui.

Fue entonces que ocurrió lo inesperado. A pesar de haber firmado en su propio acuerdo que Perna “sólo será aceptada como arrepentida en caso de que se compruebe la utilidad y la validez de su testimonio”, la jueza Garmendia le otorgó la excarcelación en el curso de apenas unas horas, aún cuando al menos parte de sus aseveraciones jamás fueron corroboradas.

Al respecto, el propio Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del Programa para la Reforma Judicial Justicia 2020, aseguró que “el beneficio de la excarcelación del arrepentido tiene que estar luego de que se haya corroborado su testimonio”. Nada de esto ocurrió en los juzgados de La Plata.

Sus declaraciones sobre la figura de Mercado sientan un peligroso antecedente. Primero aseguró haberle dado a la secretaria de Ordoqui una nota de crédito por una cartera de la firma Jackie Smith, valuada en poco más de 4 mil pesos. En contacto con REALPOLITIK, los responsables de la firma aseguraron que es “virtualmente imposible” comprobar la utilización de un ticket de cambio de más de un año de antigüedad. Se caía así el primer indicio.

Aquí entran en juego las palabras del reconocido abogado Ignacio Cafferata Nores quien al respecto aseguró que “si al arrepentido se le da la libertad antes de que en la sentencia final se establezca el valor completo de su aporte, es un chiste”.

El segundo indicio fue una supuesta reunión, hace más de un año, en un bar ubicado en diagonal 74 esquina 19 de la ciudad de La Plata, en la que Perna le habría dado a Mercado 30 mil pesos en un sobre. El lugar no tenía cámaras, la imputada admitió que no pidieron facturas y nadie en el establecimiento recuerda la reunión. “Es tan incomprobable que, tranquilamente, pudo haber partido todo de la imaginación de la arrepentida”, aseguró un funcionario judicial a REALPOLITIK.

En pocas palabras, una imputada que se “especializó” en estafas y en negociar beneficios procesales “negoció” figurar como arrepentida en una causa, a pesar de que dicha ley no estaba reglamentada en la provincia de Buenos Aires. Luego declaró durante ocho horas información que, al menos en parte, no pudo ser corroborada. Finalmente, una jueza duramente cuestionada en sus capacidades se basó en los “indicios no probados” para darle la libertad a Perna, cuyos delitos habían sido probados, y encarcelar a Mercado, a quien no se le pudo comprobar prácticamente nada y que la propia Justicia, en una de sus tantas instancias, aseguró que, en el peor de los casos, podría caerle la figura de “cohecho pasivo en grado de partícipe secundario”. En palabras de Cafferata Nores, “un chiste”.

Este chiste, sin embargo, hasta el momento le valió a Mercado un año de encarcelamiento y un daño psicológico inconmensurable tanto para ella como para sus hijos. En base a indicios y datos sin verificar, la Justicia bonaerense “jugó” con la figura del arrepentido, instrumentó peligrosamente lo que no supo manejar y en la búsqueda desesperada de resultados, juzgó como válido los dichos de una persona procesada por estafas y optó por no creerle a una mujer sin antecedentes de ningún tipo, que como secretaria privada no tenía poder legal alguno, y sobre cuya cabeza no pende hasta el momento ninguna información que haya sido corroborada fehacientemente.

Los juristas más relevantes de la nación pusieron el asunto sobre el tapete: la Justicia bonaerense debe revisar la integridad de sus propios jueces en forma urgente, al tiempo que es necesario revisar la correcta utilización de la figura del arrepentido, para que la ley no sea utilizada por los delincuentes en detrimento de las personas de bien. De lo contrario, la sociedad quedará librada a la ley del más fuerte. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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